Inmobiliarias cuestionan la emergencia habitacional

Representantes del sector inmobiliario mantuvieron un encuentro con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, en el marco del debate por el proyecto que busca declarar la emergencia habitacional en Santa Cruz. Tras la reunión, la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) reiteró su rechazo a la iniciativa al considerar que parte de un diagnóstico “equivocado” sobre la problemática habitacional que atraviesa la provincia.

Desde la entidad sostuvieron que el principal obstáculo para acceder a una vivienda no es la falta de inmuebles disponibles, sino el deterioro del poder adquisitivo de la población. En ese sentido, afirmaron que actualmente existen propiedades tanto para alquiler como para la venta, pero que muchas familias no pueden acceder a ellas debido a la pérdida de ingresos y al contexto económico.

Los referentes del sector remarcaron que la caída del salario frente a la inflación ha reducido considerablemente la capacidad de pago de los santacruceños. Según explicaron, esta situación ha provocado que numerosos inquilinos deban mudarse a viviendas de menor valor o incluso compartir gastos entre varias familias para poder sostener un alquiler.

Durante el encuentro con Grasso también manifestaron reparos sobre algunos aspectos del proyecto de ley impulsado en la Legislatura. Entre las principales observaciones señalaron la falta de precisiones respecto al financiamiento de las medidas, la cantidad de soluciones habitacionales previstas, los plazos de ejecución y los mecanismos concretos para incentivar la inversión privada o facilitar el acceso al crédito hipotecario.

Asimismo, advirtieron que otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo no resolverá el problema de fondo y consideraron que la simplificación de los procesos administrativos debería formar parte de una política pública permanente y no de una medida excepcional vinculada a una declaración de emergencia.

Por último, la Asociación de Inmobiliarias insistió en la necesidad de avanzar hacia una política habitacional integral que combine la participación del Estado y el sector privado, promueva el desarrollo de suelo urbano con servicios y genere condiciones económicas que permitan a las familias recuperar su capacidad de acceso a una vivienda.