Intendentes y legisladores rechazaron el endeudamiento en dólares impulsado por el Gobierno

Un grupo de intendentes, diputados provinciales y nacionales, junto a senadores de Santa Cruz, difundieron en las últimas horas un documento conjunto en el que expresaron un fuerte rechazo al proyecto de endeudamiento impulsado por el Gobierno Provincial, que contempla la toma de deuda por 600 millones de dólares.

El pronunciamiento fue dado a conocer a través de un comunicado titulado “Pronunciamiento colectivo en defensa del pueblo santacruceño”, donde los firmantes sostienen que “antes que el endeudamiento, está el pueblo” y remarcan que la prioridad debe estar puesta en las familias de la provincia y no en la generación de nueva deuda externa.

Entre los firmantes aparecen los diputados provinciales Carlos Santi, Carlos Alegría, Carlos Godoy, Daniel Peralta, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora, Javier Jara y José Bodlovic. También acompañaron los intendentes Aldo Aravena, Antonio Carambia, Darío Menna, Javier Belloni, Pablo Grasso, Zulma Neira y Juan Raúl “Pirri” Martínez. A ellos se suman los diputados nacionales Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan, además de los senadores José María Carambia, Alicia Kirchner y Natalia Gadano.

En el texto, los referentes cuestionaron especialmente la posibilidad de avanzar en un endeudamiento en moneda extranjera y bajo jurisdicción de tribunales internacionales, argumentando que una medida de esas características “compromete la soberanía y el futuro de Santa Cruz”.

Además, señalaron que la situación económica actual exige destinar los recursos disponibles a atender las necesidades urgentes de la población y recomponer el salario de trabajadores provinciales y municipales, afectados por la pérdida del poder adquisitivo.

Otro de los puntos destacados del documento es la defensa de la obra pública como motor de empleo y desarrollo regional. En ese sentido, plantearon que los fondos provinciales deben orientarse a sostener inversiones que reactiven las economías locales y mejoren la calidad de vida de los santacruceños.

Los firmantes también reclamaron una distribución más equitativa de los recursos hacia los municipios y plantearon la necesidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación provincial que otorgue mayor autonomía financiera a las comunas y garantice financiamiento para las cajas de servicios y previsión social.

Finalmente, el documento concluye con un llamado al diálogo político y social para encontrar alternativas que permitan afrontar la crisis económica sin recurrir a un endeudamiento que, según advirtieron, podría hipotecar el futuro de la provincia.