En el segundo día de paro provincial, la seccional Santa Cruz de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante una manifestación frente al Ministerio de Economía en Río Gallegos. La acción tuvo como objetivo poner en evidencia la necesidad urgente de una actualización salarial, en la antesala de la reunión paritaria prevista para este miércoles. Desde el sindicato advierten sobre un “fuerte ajuste” aplicado a los ingresos durante el primer semestre y cuestionan la ausencia de referentes válidos en la negociación.
Durante la jornada del miércoles, ATE realizó una concentración frente a la cartera económica provincial, en el marco de una huelga de 72 horas que transita su segunda jornada. La medida se inscribe en un escenario de creciente malestar por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales y en vísperas de una nueva ronda de negociación.
Reclaman una recomposición frente a un semestre de deterioro salarial
Carlos Garzón, titular de ATE Santa Cruz, expresó que la demanda central es lograr una propuesta salarial que permita recuperar lo perdido frente a la inflación. “Estamos denunciando un ajuste profundo sobre los salarios que no muestra señales de revertirse en lo que queda del año”, afirmó. Según datos del gremio, la falta de incrementos generó una caída cercana al 6% del poder de compra, lo que representa aproximadamente 600 millones de pesos. “Mientras a otros sectores se les reconoció un incremento del 12% por encima del índice inflacionario, nosotros pedimos al menos ese mismo piso”, remarcó Garzón.
Desde el gremio rechazaron la última oferta del Gobierno, que consistía en una suma fija de 7.000 pesos a abonarse en tres tramos según el escalafón. Además, advirtieron que la continuidad del congelamiento salarial tiene impacto directo en la economía regional: “Cuando se recorta el salario público, se reduce el consumo, y en este contexto recesivo eso agrava la situación general”, alertaron.
ATE también cuestionó cómo se están administrando los recursos provinciales. Frente al argumento oficial de un déficit estimado entre 18.000 y 20.000 millones de pesos, la organización gremial reclama que se prioricen las necesidades de los empleados estatales: “La deuda con los trabajadores debe saldarse antes que con proveedores o prestamistas”, subrayaron. En esa línea, Garzón señaló que ya se habrían hecho transferencias de fondos provenientes de YPF para reforzar la Caja de Previsión Social y el sistema de Servicios Sociales, lo cual —según ATE— también debería reflejarse en el ámbito paritario.
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