La intimación del gremio se produjo mediante una carta documento que lleva la firma del secretario general, Rodolfo Aguiar, a través de la cual se le exige al mandatario nacional dejar sin efecto “el Decreto 325/2025 que dispone la transformación de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos en Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima”.
En ese contexto, ATE le señala que “se trata de una medida ilegal, viciada de nulidad en tanto no existen razones de emergencia que ameriten esa decisión que implica un grave perjuicio a la sociedad en general, y a los pueblos de Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos en particular”.
Al mismo tiempo, en la notificación se deja sentado que “el Poder Ejecutivo Nacional no cuenta con facultades para tomar esa decisión, más allá de la aludida delegación de facultades, la cual es abiertamente inconstitucional”.
Por ello, añade ATE, “en representación de los trabajadores afectados, intimamos con especial énfasis a que deje sin efecto los artículos 8 y 9 del Decreto 115/2025, en tanto se arroga la facultad de derogar un Convenio Colectivo de Trabajo plenamente vigente”.
Además, para reforzar su postura, el gremio de los estatales expresa que “el Poder Ejecutivo Nacional carece de prerrogativas para interferir en el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y/o a decretar la caducidad de un convenio suscripto y homologado, siendo un agravante el hecho de ser firmante del mismo, en tanto violenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como los Convenios 87, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Por todo ello, añade, “hacemos reserva, para el caso de no proceder a la derogación solicitada, de iniciar las acciones gremiales y judiciales que estimemos corresponder, así como denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
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