El Parlamento británico publicó un informe técnico que analiza la estrategia del gobierno de Andy Burnham para defender el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, frente a la ofensiva legal y económica de la Argentina.

El documento, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes bajo el título UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, no constituye una postura política del Ejecutivo, sino un análisis destinado a orientar a los legisladores.

El texto repasa cuatro frentes desde los que, este año, el Gobierno argentino avanzó para complicar la viabilidad comercial del proyecto: la reafirmación de la soberanía ante la Asamblea General de la ONU, sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la demanda presentada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

En ese marco, la Argentina pidió al tribunal que ordene la paralización de los trabajos de explotación e infraestructura, que el Reino Unido no use los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que se garantice la protección del medio marino en la zona disputada y que Londres no otorgue nuevas licencias de explotación en la plataforma continental en litigio.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, es operado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Las reservas estimadas alcanzan 1.700 millones de barriles de crudo, con inicio de extracción previsto para 2028 y perforaciones desde enero de 2027. Según los datos expuestos por la delegación argentina, el proyecto contempla hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles.

El informe también describe la respuesta británica. En septiembre, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó una guía oficial de negocios con las Malvinas en la que sostuvo que los isleños “tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente” y que el gobierno respalda a las empresas involucradas.

En octubre, Londres anunció que aplicaría medidas bajo la legislación de Protection of Trading Interests (PTI) para proteger a las compañías británicas frente a sanciones extraterritoriales argentinas. Un documento oficial citado en el análisis plantea que esas medidas buscan garantizar que las personas y empresas del Reino Unido que operan lícitamente en torno a las Islas Malvinas puedan seguir tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica.

Durante las audiencias en Hamburgo, la fiscal general británica, Ellie Reeves, sostuvo que las medidas cautelares pedidas por la Argentina tendrían consecuencias devastadoras para el pueblo de las islas y que pondrían en riesgo “miles de millones de libras” para su desarrollo económico. También afirmó que Buenos Aires buscaba, en los hechos, tomar el control de esos recursos.

El portavoz de Downing Street resumió la postura oficial el 10 de noviembre: “La audiencia no versa sobre la soberanía; la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica lícita”.

Del lado argentino, el canciller Pablo Quirno dijo este miércoles en el encuentro Marval Legal Forecast 2027 que el arbitraje se centra en la explotación de los recursos naturales mientras el tema de fondo no esté resuelto. También planteó que, una vez extraído, el petróleo no puede recuperarse y afirmó que, por primera vez, la Argentina lleva al Reino Unido a un arbitraje por un tema vinculado con Malvinas.

El informe suma además el rol de Estados Unidos en la disputa. En agosto, Donald Trump dijo que Washington estaba revisando su histórica posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas. Luego, en septiembre, habló de “dos países que no están contentos” y de un posible llamado a intervenir en ese conflicto.

Según el análisis, esas declaraciones fueron aprovechadas por el gobierno argentino para reforzar su ofensiva en organismos internacionales. También menciona que Burnham habló con Trump para advertirle sobre las consecuencias económicas de las sanciones argentinas para intereses británicos y estadounidenses.

En paralelo, la Cámara de Diputados tenía previsto debatir este miércoles el proyecto de la llamada Ley de Soberanía, pero la sesión especial fracasó por falta de quórum. El oficialismo y los bloques que lo acompañaron reunieron 126 legisladores, tres menos de los necesarios para habilitar el debate.

El texto prevé multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades consideradas irregulares por Buenos Aires. Tras negociaciones con aliados y recomendaciones de Estados Unidos, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.