El Senado convirtió en ley la nueva Ley de Discapacidad, que deja atrás la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre para regularizar el esquema de atención y prestaciones del sector. Ahora, la implementación queda en manos del Gobierno, que deberá promulgarla y reglamentarla para que todos sus puntos entren en vigor.

Según el proceso legislativo, el Presidente tiene diez días hábiles para aceptar la norma o vetarla. Si no toma ninguna de esas dos decisiones, la ley queda promulgada automáticamente. En este caso, el proyecto fue aprobado de manera unánime en la Cámara alta y no se espera un veto. Desde Casa Rosada indicaron que el Presidente promulgará la ley, aunque no precisaron cuándo se oficializará.

Una vez publicada en el Boletín Oficial, la norma comenzará a regir al día siguiente. Sin embargo, su aplicación completa dependerá de la reglamentación, que deberá dictarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación. Ese decreto definirá, entre otros puntos, la autoridad de aplicación, los criterios de evaluación socioeconómica para acceder a la pensión y los lineamientos de capacitación obligatoria para el personal de los prestadores.

En cambio, los pagos a los prestadores no requieren un decreto para su reconocimiento. Si al momento de la sanción quedan compensaciones pendientes de la ley 27.793, el Gobierno deberá notificar y publicar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia. La cancelación total, para quienes ya hayan terminado el trámite administrativo, deberá completarse en un plazo máximo de 90 días corridos.

El cambio central de la norma está en las pensiones no contributivas por discapacidad. Los requisitos quedan fijados por ley y el monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizado según el régimen previsional. Para acceder, la persona deberá acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y su identidad con el DNI, ser argentina o tener al menos cinco años de residencia legal continuada en el caso de extranjeros.

Además, la ley establece que el beneficiario no podrá percibir ingresos individuales netos de dos salarios mínimos, vitales y móviles o más, ya que la evaluación se hace sobre los ingresos de la persona y no del grupo familiar. También excluye a quienes estén alcanzados por otro régimen previsional o cobren la asignación por hijo con discapacidad. A eso se suma la aprobación de una evaluación socioeconómica y, en caso de propietarios, acreditar que la vivienda sea la única de la familia.

La norma mantiene la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o como monotributista, siempre que los ingresos no superen ese límite. Si lo superan, la prestación se suspende de manera automática. Cuando termine el vínculo laboral o bajen los ingresos, el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y cobrar desde la fecha de la solicitud.

También prevé que los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad accedan a un programa de cobertura médica con prestaciones básicas de la ley 24.901, a través de Incluir Salud. Los gastos se afrontarán con partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, con transferencias del Tesoro.

La ley, además, crea un sistema de control. La Secretaría Nacional de Discapacidad auditará periódicamente el cumplimiento de requisitos y cruzará datos con Anses, ARCA, el SINTyS y el Renaper. Si detecta incumplimientos, notificará al afectado, que podrá presentar su descargo. Luego de ese plazo, la pensión podrá suspenderse de forma preventiva, aunque el titular podrá pedir su rehabilitación inmediata y provisoria hasta la resolución del caso.

Durante el debate, la oposición puso el foco en el financiamiento. Eduardo “Wado” de Pedro planteó que hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Por su parte, Patricia Bullrich sostuvo que el proyecto busca dar respuestas al sector y remarcó la garantía de que trabajar no implique perder la pensión.