La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal redujo de 16 a 14 años la pena de prisión contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, por abuso sexual. La decisión fue tomada por mayoría en un fallo de 636 páginas, con los votos de Horacio Leonardo Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin.

En su voto minoritario, Morin consideró que correspondía anular la sentencia y rehacer el juicio. Esa postura abre una posibilidad para la defensa del exfuncionario, que apelará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad con el planteo de nulidad, según adelantaron fuentes del caso.

El tribunal, además, ratificó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Alperovich cumple prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, por su edad y sus problemas de salud.

En noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, a cargo de Juan María Ramos Padilla, lo había declarado culpable por nueve hechos de abuso sexual cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La víctima es su sobrina segunda, quien trabajó como secretaria privada y asesora mientras él era senador nacional.

La mayoría de Casación rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi, y confirmó la condena por los delitos de violencia sexual. Los jueces Días y Sarrabayrouse sostuvieron que el tribunal oral valoró correctamente la prueba y que el relato de la denunciante estuvo respaldado por elementos periféricos de relevancia.

También descartaron que hubiera existido un “sesgo de confirmación” en el juez Ramos Padilla y cuestionaron los argumentos defensivos que ponían en duda la conducta de la víctima por haber seguido trabajando con el acusado o asistir a eventos sociales después de las agresiones.

Al mismo tiempo, la Cámara entendió que el exgobernador usó su poder político, económico y familiar para someter a la víctima, aprovechando la asimetría de la relación laboral y de dependencia funcional. Sin embargo, al revisar la pena, consideró que se cometió un error constitucional al valorar en contra del imputado el contenido de su descargo, en el que afirmó que era víctima de una operación política y de un intento de extorsión.

Los camaristas señalaron que el acusado no está obligado a decir la verdad y que toda estrategia de defensa lícita es válida en el proceso penal. Por ese motivo, resolvieron reducir la condena en dos años. Aun así, mantuvieron agravantes que dejaron la pena muy por encima del mínimo legal de seis años.

Como atenuantes, la sala tuvo en cuenta la edad del imputado, sus afecciones médicas y el acompañamiento de su familia durante el proceso.