Entidades empresarias vinculadas al turismo de El Calafate pidieron al gobernador Claudio Vidal que la Provincia tome un rol directo en el futuro de las tierras privadas de Península Magallanes y avance en su adquisición con fines de conservación y desarrollo turístico de bajo impacto.
El planteo apunta a los terrenos de Lacustre del Sud, actualmente involucrados en la operación autorizada para el denominado Master Plan Ecocentro, para que pasen a manos del Estado provincial y sean incorporados a una planificación pública que priorice la protección ambiental.
La iniciativa surgió después de reuniones que representantes empresarios mantuvieron con autoridades del Consejo Agrario Provincial (CAP) para conocer detalles del proyecto que contempla unidades de alojamiento dentro del área protegida.
Las entidades sostienen que la alternativa no implica dejar de desarrollar turísticamente Península Magallanes, sino impulsar un modelo diferente. Entre las actividades mencionadas figuran circuitos de trekking, senderismo y propuestas recreativas de bajo impacto ambiental, con la idea de sumar atractivos, ampliar la estadía promedio de los visitantes y generar oportunidades para guías, prestadores y trabajadores de El Calafate.
“Península es patrimonio natural, turístico y ambiental. Preservarla también es invertir en el futuro de El Calafate y de Santa Cruz”, señala el planteo difundido por el sector.
El pedido se apoya en la Ley 3466 de Áreas Protegidas, vigente desde 2016, que en su artículo 30 establece que el Estado de Santa Cruz tiene derecho preferente de adquisición, en igualdad de condiciones, sobre inmuebles privados ubicados dentro de áreas naturales protegidas cuando sus propietarios deciden venderlos.
La norma obliga al propietario a comunicar fehacientemente a la autoridad de aplicación el precio y las demás condiciones de la venta. Desde esa notificación, el Poder Ejecutivo cuenta con 120 días para ejercer la opción de compra.
El mecanismo ya estaba previsto en la anterior Ley Provincial 786, que regulaba parques y reservas antes de ser reemplazada por la actual norma. Esa ley también contemplaba un derecho de preferencia del Estado para adquirir propiedades privadas dentro de parques provinciales.
El planteo adquiere relevancia porque esa posibilidad ya se presentó este año. Según consta en el expediente administrativo del proyecto, en marzo de 2026 Lacustre del Sud comunicó al Estado provincial su intención de vender la denominada Fracción G y ofreció la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia por un valor de 3 millones de dólares.
El Consejo Agrario Provincial resolvió entonces no ejercer esa opción. De acuerdo con la documentación del expediente difundida después, el organismo informó que, evaluadas sus prioridades de gestión, no tenía interés en adquirir el inmueble por ese monto.
Ahora, las entidades empresarias piden que la Provincia reconsidere aquella decisión y busque herramientas legales para incorporar las tierras al patrimonio público.
También expresaron preocupación por las excepciones otorgadas para proyectos particulares y advirtieron que no deberían convertirse en antecedentes que debiliten las normas de protección ni generen desigualdades entre propietarios.