El proyecto urbanístico Kaiken Sur fue expuesto el viernes 13 de noviembre en una audiencia pública realizada en el Concejo Deliberante de El Chaltén. La propuesta, impulsada por el grupo Faro Verde en tierras de la estancia Santa Margarita, contempla un desarrollo de unas 600 hectáreas y una población proyectada de 9.950 personas.
De acuerdo con lo presentado, el emprendimiento estaría ubicado a 16 kilómetros de El Chaltén, a 1,5 kilómetros de la Ruta Provincial 41 y a unos 6,5 kilómetros del lago Viedma. El plan se organiza en tres etapas y se extiende con una proyección hasta 2047.
La audiencia fue presidida por el secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Diego Procopio, y contó con la participación del intendente Néstor Ticó, la presidenta del Concejo Deliberante, Estefanía Leyes, el representante de Faro Verde, Lautaro Cerone, autoridades provinciales y vecinos.
Al inicio, Procopio aclaró que la realización de la audiencia no implicaba la aprobación automática del proyecto. Señaló que el expediente deberá seguir las instancias administrativas y técnicas correspondientes.
La primera etapa prevé la construcción de 70 viviendas destinadas al alquiler permanente para familias y trabajadores residentes de El Chaltén. Según la exposición, esas unidades estarían terminadas hacia fines de 2027.
El diseño urbanístico incluye lotes de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, viviendas unifamiliares y multifamiliares de hasta seis metros de altura, y espacios para servicios comunitarios. También se mencionaron un destacamento policial, un cuartel de bomberos, centros de salud, comercios, áreas deportivas y culturales, y un helipuerto.
Los impulsores del proyecto informaron además que prevén sistemas propios de provisión de agua potable, suministro eléctrico y tratamiento de líquidos cloacales para acompañar las distintas etapas del desarrollo.
Hubo seis personas inscriptas para exponer y tres tomaron la palabra: Mauro Alejandro Moreno, José Miles Montero y Estefanía Leyes. Moreno consultó sobre el traslado de trabajadores y maquinaria pesada, y pidió precisiones sobre los criterios de sustentabilidad. Montero preguntó por el impacto socioeconómico, la contratación y capacitación de mano de obra local y las oportunidades para proveedores y comerciantes de la localidad.
Leyes repasó los reclamos de la comunidad por el acceso a la tierra y la ampliación del ejido urbano. También recordó la audiencia organizada por vecinos en 2017 para visibilizar la problemática habitacional.
Al cierre, Procopio informó que se habilitarán formularios y canales oficiales para responder las preguntas planteadas durante el encuentro.
La jornada también estuvo marcada por la denuncia de la concejal Elizabeth Romanelli, quien se retiró al encontrarse con Ticó en el recinto. Según manifestó, su presencia junto al intendente contrariaba una restricción judicial de acercamiento vigente, por lo que acudió a las autoridades para denunciar un presunto incumplimiento.