La controversia volvió a escalar a partir de los cuestionamientos argentinos sobre los buques que parten hacia las Islas Malvinas. Frente a esas objeciones, el canciller chileno remarcó que “Chile cree en el derecho para la libre navegación”.

La iniciativa entre privados apunta a permitir que los habitantes de las islas accedan a algunos productos, tras una propuesta de la Development Corporation Falkland Islands. En ese marco, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, había planteado: “Queremos ser el gran supermercado de las islas”.

Sin embargo, el gobierno argentino expresó preocupación por el viaje y por la intención de Reino Unido de explotar petróleo en la zona. Por eso, el canciller Quirno recordó el “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”.

En paralelo, Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas. En el segundo día de audiencias, la delegación argentina volvió a criticar la postura del Reino Unido y pidió la suspensión del proyecto extractivista en la cuenca norte de las islas.

El especialista Marcelo Kohen, integrante del equipo argentino ante el tribunal, sostuvo que la disputa por la soberanía no convierte las áreas marítimas alrededor de Malvinas en “una especie de mar británico” donde el Reino Unido pueda explotar recursos libremente. También cuestionó la pretensión británica de ejercer soberanía sobre la plataforma continental sin que esa cuestión esté resuelta.

Además, remarcó que no hace falta que el tribunal se pronuncie sobre la soberanía para dictar medidas provisionales que preserven los derechos de las partes.