La Justicia de Brasil condenó a Meta a pagar una multa de más de 1,3 millones de dólares tras considerar probado que interfirió en las elecciones presidenciales de ese país y que aplicó un trato desigual en sus redes sociales durante la campaña.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los integrantes del Tribunal Superior Electoral (TSE) a partir de una denuncia presentada por el equipo de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva. En ese planteo, se acusó a la empresa de Mark Zuckerberg, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, de restringir el alcance de contenidos del entonces candidato y de favorecer, mediante un trato diferenciado, a su rival.

Según la denuncia, Meta habría habilitado anuncios pagados con fondos del extranjero, permitido publicidad negativa realizada con Inteligencia Artificial y eliminado recomendaciones de publicaciones favorables a Lula.

Durante el juicio prevaleció el voto del juez Marco Aurélio Bellizze, quien señaló que había ordenado a Meta adoptar 17 medidas para aportar aclaraciones durante las elecciones, pero que la empresa presentó información incompleta sobre las deficiencias señaladas. “La información carecía de transparencia”, afirmó.

Otros seis magistrados del TSE acompañaron esa postura, incluido el presidente del cuerpo, Kassio Nunes Marques. Sin embargo, los jueces no encontraron evidencias suficientes para concluir que existió una intención deliberada de favorecer a Bolsonaro en detrimento de Lula. Por eso, la multa no cierra el proceso: el tribunal seguirá investigando si Meta favoreció a determinadas candidaturas y aún no fijó plazo para el fallo definitivo.

La defensa de Meta sostuvo durante el juicio que las acusaciones eran “falsas e infundadas” y negó haber actuado de forma parcial. También afirmó que sus informes de seguimiento no mostraban sesgo político en sus plataformas.

Antes del balotaje, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habían señalado en una carta que hubo restricciones a la libertad de expresión en plataformas de Meta. Además, denunciaron un trato desigual hacia contenidos de campaña, suspensiones temporales de cuentas y un alcance menor de publicaciones políticas de uno de los candidatos.

En paralelo, 48 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Lula para pedirle que el Gobierno adopte medidas de regulación sobre las plataformas digitales. En el texto, las ONG sostienen que las elecciones dejaron al descubierto el poder de estas empresas para definir qué circula y quién puede expresarse en el entorno digital.

Lula ya había endurecido sus críticas a las plataformas en su discurso de victoria, el 25 de octubre, y planteó la necesidad de una regulación más estricta para el mundo digital.