El abogado Gregorio Dalbón pidió que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en la causa que involucra a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, y solicitó que la investigación continúe antes de que se resuelva un eventual cambio de competencia.
En su presentación, sostuvo que la denuncia no debe limitarse a una eventual cuestión tributaria, sino que también debe analizarse la correspondencia entre los ingresos del funcionario y su patrimonio, además de la regularidad de sus declaraciones juradas. Para el denunciante, la eventual maniobra perjudica no solo a una persona, sino al conjunto de la ciudadanía.
Dalbón planteó además que los denunciantes sean escuchados antes de adoptar una decisión que pueda cerrar, restringir o desplazar la investigación. En ese marco, invocó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (27.372), al entender que habilita a pedir revisión de determinadas resoluciones aun sin ser querellante.
El pedido de intervención de la PIA apunta a que ese organismo evalúe si corresponde asumir alguna participación en el caso, a partir de las facultades que tiene para investigar irregularidades en la conducta administrativa de funcionarios públicos. Dalbón sostuvo que esa intervención se justifica por la jerarquía institucional de Adorni, quien se desempeñó como vocero presidencial y en la Jefatura de Gabinete.
La presentación se produjo después de que el fiscal Gerardo Pollicita concluyera que, por el momento, no hay elementos suficientes para sostener el delito de enriquecimiento ilícito. Según los fundamentos que trascendieron, el fiscal consideró que no pudo acreditarse un incremento patrimonial injustificado posterior a la asunción del cargo y propuso que el expediente pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
Además, habría pedido extraer testimonios para investigar a terceros vinculados con operaciones inmobiliarias y remitir antecedentes al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.