Santiago Peña anunció este miércoles su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank y antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político en su contra.

En un video difundido en su cuenta de X, afirmó: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”. También sostuvo que su salida busca preservar “la estabilidad”, “la paz social” y las instituciones democráticas del país.

Peña señaló que su prioridad eran los ahorristas afectados por la situación del banco e instó al Fondo de Garantía de Depósitos a asegurar la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos. Además, pidió disculpas a la ciudadanía por eventuales fallas en su gestión.

La renuncia se produjo después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentaran una acusación para destituirlo, con cuestionamientos por sus vínculos previos con el grupo controlador de Ueno. Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana, anunció luego que el Partido Colorado acompañaría el juicio político.

La crisis se desencadenó cuando el Banco Central del Paraguay ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank al comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes y tenía depósitos por unos USD 850 millones en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social.

Tras la decisión del banco central, se registraron largas filas frente a las sucursales y protestas nocturnas en Asunción. El organismo informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, con un tope de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de 75 salarios mínimos por persona.

En paralelo, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó este miércoles. La norma establece un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos para que cada depositante pueda recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.

Por otra parte, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas a operaciones realizadas entre 2025 y 2026. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Miguel Vásquez, mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, y arresto domiciliario para los demás ejecutivos alcanzados por la causa.