La Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz, manifestó su rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación el 30 de octubre y ahora se analiza en la Cámara de Diputados.
En un comunicado, el organismo expresó su “profunda preocupación” por los cambios propuestos y sostuvo que la salud mental debe abordarse como un derecho humano fundamental, con respeto por la dignidad, la autonomía, la libertad, la participación y la inclusión social de las personas.
La repartición provincial planteó que las modificaciones podrían representar un retroceso en principios que hoy están contemplados por la ley vigente, en especial en lo referido a la voluntad y las preferencias de las personas, las garantías frente a las internaciones involuntarias y el modelo de atención interdisciplinario y comunitario.
Uno de los puntos cuestionados es la sustitución del criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” para habilitar internaciones involuntarias. Según el organismo, ese cambio podría ampliar las interpretaciones restrictivas sobre la autonomía personal y debilitar el carácter excepcional de esas medidas.
También expresó reparos por las modificaciones vinculadas con la intervención de los equipos interdisciplinarios. En ese sentido, remarcó que la salud mental no puede reducirse a una mirada médica o psiquiátrica, sino que requiere una comprensión integral de las dimensiones psicológicas, sociales, familiares, culturales y comunitarias.
Además, señaló que cualquier cambio normativo debe contemplar la participación efectiva de las personas usuarias de los servicios de salud mental, sus organizaciones, familiares, equipos profesionales y organismos de defensa de derechos.
El planteo provincial también puso el foco en la necesidad de resolver los problemas estructurales del sistema de atención, entre ellos la insuficiencia de recursos presupuestarios, para que la ley pueda implementarse de manera efectiva.
Desde Santa Cruz indicaron que vienen impulsando espacios de articulación interinstitucional para avanzar en un Sistema Provincial Integral de Salud Mental y Abordaje Comunitario, en línea con la Ley Nacional N° 26.657, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los estándares internacionales de derechos humanos.
Por eso, solicitaron a las diputadas y los diputados nacionales un debate amplio, participativo y respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.