El secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, confirmó que vencieron los plazos de las intimaciones al Municipio de Río Gallegos y a la empresa operadora Nueva Santa Cruz por las irregularidades detectadas en el relleno sanitario y el vaciadero municipal.
Según explicó, la Secretaría viene realizando actuaciones desde el año pasado y exige el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. En ese marco, pidió una auditoría ambiental de cumplimiento para verificar si las instalaciones operan de acuerdo con las condiciones fijadas en el estudio de impacto ambiental original.
Procopio también indicó que el Municipio y la empresa fueron intimados a presentar documentación sobre las responsabilidades de cada parte, incluido el convenio y el contrato que regula la operación del relleno sanitario, pero aseguró que esa información no había sido presentada al momento de la entrevista.
“Ya se vencieron los plazos de la intimación que hemos hecho y estamos próximos al sumario”, advirtió.
Uno de los puntos señalados por el funcionario fue la dispersión de residuos hacia campos ganaderos cercanos. Afirmó que detectaron residuos esparcidos en al menos 500 hectáreas alrededor del predio, aunque aclaró que no cuenta con información suficiente para certificar las pérdidas productivas denunciadas por los establecimientos afectados.
En ese contexto, anticipó que las actuaciones administrativas podrían incluir medidas de recomposición ambiental. Dijo que el Municipio debería disponer de una cuadrilla para limpiar el campo ganadero afectado y trabajar en el relleno sanitario para evitar nuevas voladuras.
El secretario sostuvo además que el funcionamiento adecuado de un relleno sanitario requiere compactar y cubrir los residuos con tierra de inmediato, pero remarcó que las inspecciones detectaron deficiencias en esas tareas, falta de maquinaria suficiente y ausencia de geomembranas en los taludes.
También se refirió a la planta de clasificación ubicada en el ingreso al predio. Según afirmó, no cuenta con la Declaratoria de Impacto Ambiental correspondiente y presenta condiciones de funcionamiento deficientes, entre ellas problemas sanitarios y falta de acceso al agua para los trabajadores.
En cuanto al vaciadero municipal de la calle José Ingenieros, explicó que su clausura está condicionada por un proceso judicial en trámite. Dijo que la Secretaría y la Fiscalía presentaron informes y solicitaron un pronto despacho, y que por el momento no pueden multar ni clausurar el predio.
Procopio planteó además la necesidad de que Río Gallegos cuente con una planta de transferencia de residuos domiciliarios para compactarlos antes de su traslado al relleno sanitario. Sostuvo que ese esquema permitiría optimizar el transporte y mejorar la disposición final.
Finalmente, remarcó que el objetivo del organismo provincial es avanzar hacia un cierre progresivo del vaciadero, con las tareas de remediación ambiental correspondientes, y garantizar que el sistema de tratamiento de residuos no traslade su impacto a las zonas rurales cercanas.