La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió dejar sin efecto el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA y planteó que la investigación debe reabrirse. El organismo, encabezado por el fiscal anticorrupción Sergio Rodríguez, presentó un recurso de apelación en subsidio y asumió el ejercicio de la acción penal en el expediente.

La presentación cuestiona la resolución firmada el 23 de octubre, que benefició al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve investigados. Para la PIA, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi adoptó una decisión prematura y sin un análisis integral de las pruebas disponibles.

En su planteo, la fiscalía especializada sostuvo que todavía quedan medidas de prueba pendientes. Entre otros puntos, señaló que hay estudios técnicos sobre movimientos financieros que no pudieron concluirse por falta de licencias informáticas en una dependencia del Ministerio Público Fiscal. También remarcó que no se exploraron alternativas para completar esos peritajes.

La PIA también objetó la valoración del pedido de asistencia jurídica internacional enviado a Estados Unidos. Según su criterio, la respuesta no fue un rechazo definitivo, sino una solicitud condicionada a mayores precisiones, datos que dependen de pericias locales aún inconclusas.

Otro de los puntos cuestionados fue la exclusión de testimonios que, a juicio del organismo, debían ser incorporados. Mencionó el caso de Nadia Beller y sostuvo que debería ser citada formalmente a declarar en esta causa porque no fue consultada de manera directa sobre el presunto fraude con $LIBRA.

La fiscalía especializada también rechazó la idea de que no haya delito por tratarse de una memecoin o un activo de alta volatilidad. Consideró que la falta de regulación no impide analizar posibles maniobras de fraude y afirmó que debe evaluarse el contexto en el que se habría promovido el token.

Según ese planteo, $LIBRA habría sido diseñado para inducir al público a invertir usando la investidura y el aval del Presidente como un “señuelo” para atraer capitales.

Además, la PIA señaló indicios que, a su criterio, refuerzan la hipótesis delictiva. Entre ellos citó el vaciamiento de cajas de seguridad bancarias atribuido a Mauricio Novelli y su entorno familiar, la eliminación del historial de WhatsApp en el teléfono secuestrado a Sergio Morales y el borrado de chats con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP” en el dispositivo de Novelli.

También mencionó ingresos autorizados a la Casa Rosada por parte de los principales sospechosos en fechas cercanas al lanzamiento del activo digital. Para el organismo, ese conjunto de elementos no habilita un cierre definitivo del caso y exige profundizar la investigación.

La PIA pidió que el juez reabra las actuaciones y le permita continuar con la producción de prueba. En caso de rechazo, solicitó que se conceda la apelación para que la Cámara Federal revise la decisión.

Martínez De Giorgi tendrá una semana de licencia y su juzgado será subrogado por Daniel Rafecas.