La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un planteo para intentar revertir el sobreseimiento de Javier Milei y pidió reabrir la investigación en la causa $LIBRA.

En su presentación, el organismo sostuvo que aún quedan medidas de prueba pendientes y que la pesquisa no agotó líneas de investigación consideradas relevantes. Entre los puntos señalados mencionó la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el examen de los movimientos de dinero vinculados con los hechos.

La fiscalía también cuestionó la forma en que se valoraron los elementos reunidos durante la causa. Planteó que ciertos indicios fueron evaluados de manera aislada y no en conjunto, y que las dificultades técnicas o las respuestas incompletas ante pedidos de información no deberían usarse para cerrar la investigación, sino para impulsar nuevas medidas.

Además, el planteo vuelve a poner bajo análisis si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La intervención de la PIA tiene un antecedente particular: el organismo había abierto una investigación propia poco después del lanzamiento y la posterior caída del token, incluso antes de que el caso llegara formalmente a los tribunales. Sin embargo, durante el período en que el fiscal Eduardo Taiano estuvo a cargo de la pesquisa penal, la Procuraduría no intervino en el expediente.

En el caso $LIBRA, el CIPCE y el INECIP ya habían cuestionado el desempeño del fiscal. Entre otros puntos, objetaron filtraciones de información sensible a la prensa, el manejo de los tiempos de análisis de pruebas y la negativa reiterada a los pedidos para que Milei fuera citado a declaración indagatoria.

También señalaron que el dictamen fiscal que sirvió de base para los sobreseimientos no estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía conocer sus fundamentos. A su vez, sostuvieron que los sobreseimientos se dictaron sin garantizar a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal.

La presentación deberá ser resuelta por el Juzgado Federal N° 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas por la licencia de Martínez de Giorgi. Si el planteo es rechazado, quedará abierta la vía de apelación subsidiaria o queja para que la Cámara Federal analice el cierre del expediente.

Mientras tanto, los damnificados apartados de su rol de querellantes también apelaron los sobreseimientos y aguardan un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal.