El oficialismo convocó para este martes a las 16 al plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Javier Milei. La iniciativa podría incorporar modificaciones a partir de los planteos de bloques aliados y de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que tendría la norma en sus empresas.

La negociación está coordinada por la diputada libertaria Silvana Giudici, que mantiene conversaciones con sectores cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes de la reunión. En La Libertad Avanza consideran que el encuentro puede ser el último paso antes de la firma de los dictámenes, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado.

El plenario está encabezado por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, respectivamente. Una de las autoridades de la reunión sostuvo: “En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”.

Uno de los principales desafíos para el oficialismo es conseguir el respaldo de Argentina Federal, el bloque que conduce Oscar Herrera Ahuad y que mantiene vínculos con los gobernadores de Misiones y Salta. Ese espacio ya planteó objeciones al proyecto. El diputado misionero Alberto Arrúa anticipó que votará en contra.

Arrúa cuestionó que la iniciativa no se limite a la defensa de los recursos argentinos vinculados con Malvinas y advirtió que también modifica normas de defensa, seguridad interior e inteligencia. Además, señaló que el texto contempla penas de prisión de cinco a doce años vinculadas con la alteración de procesos electorales y las campañas de desinformación.

En paralelo, el Gobierno revisa la letra del proyecto tras las reuniones que Javier Milei mantuvo el viernes en la Casa Rosada con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante esos encuentros, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias para sus empresas de las sanciones previstas en el primer capítulo de la iniciativa.

Ese apartado apunta contra compañías vinculadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y también alcanza a firmas asociadas con ellas en otros emprendimientos. Entre los cambios en discusión figura una delimitación de las sanciones para otras empresas que sean operadoras directas, licenciatarias, proveedoras o accionistas de proyectos considerados ilegales por el Gobierno argentino.

El proyecto establece además que el Consejo de Seguridad tendrá facultades para aceptar o rechazar inversiones de Estados o empresas con capitales extranjeros. En el debate surgieron cuestionamientos por el margen de interpretación que tendría ese organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, para aplicar la norma aprobada por el Congreso.

La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, presentó un informe ante el plenario y anunció que el Poder Ejecutivo aceptó incorporar una Comisión Bicameral para hacer un seguimiento de las decisiones del Consejo de Seguridad. Según lo informado, el Ejecutivo deberá comunicar a esa comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el organismo.

Otro de los puntos que el oficialismo prevé modificar es el artículo 111, referido a la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación. La nueva redacción excluiría expresamente a periodistas, investigadores académicos y la actividad diplomática. Ese cambio responde a pedidos de sectores cercanos al Gobierno y a cuestionamientos de Unión por la Patria.

Desde ese bloque, Jorge Taiana volvió a criticar la política exterior del Gobierno y su relación con la administración de Donald Trump. “Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas”, sostuvo el diputado y excanciller, al cuestionar el alineamiento de Milei.

En medio de la discusión, la vicepresidenta Victoria Villarruel también volvió a pronunciarse sobre la cuestión Malvinas en redes sociales. Ante la consulta de un usuario sobre si el debate legislativo estaba frenado, respondió: “Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”.

Con las modificaciones todavía en negociación, el plenario de este martes será clave para definir si La Libertad Avanza consigue reunir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen y llevar el proyecto al recinto.