La disputa por la conducción del Centro Chileno de Río Gallegos sumó un nuevo anuncio de acciones legales. Pedro Díaz, quien encabeza el sector que permanece al frente de la institución, rechazó el procedimiento de normalización impulsado por la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas y anticipó que buscarán que se investigue penalmente la actuación de su secretaria general, Olga Álvarez.

Durante la conferencia de prensa registrada por Santa Cruz al Momento, Díaz afirmó que habían presentado un nuevo recurso contra la última disposición del organismo. Por separado, anunció futuras acciones penales, al considerar que la funcionaria podría haber incurrido en desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Vamos a accionar penalmente”, expresó. La acusación y las posibles figuras delictivas fueron planteadas por el dirigente como fundamento de las medidas que pretende impulsar.

La conferencia se realizó ayer, después del intento de ingreso de la comisión normalizadora a la sede, ocurrido el lunes 19 con presencia policial y de una escribana.

El recurso y la discusión sobre el mandato

Díaz reconstruyó el conflicto iniciado a partir de las objeciones a la elección de autoridades realizada en 2022. Según explicó, una disposición de 2024 cuestionó ese punto de la asamblea y la conducción recurrió la decisión hasta llegar a la Cámara de Apelaciones.

El dirigente sostuvo que aquella apelación fue concedida con efecto suspensivo y que esa situación continúa vigente. En su interpretación, ello mantiene en funciones a la comisión mientras no se resuelva la controversia de fondo.

Sobre esa base, cuestionó que Personas Jurídicas haya dictado una nueva disposición para normalizar la entidad. Afirmó que el recurso presentado esa mañana busca impugnar esa decisión y anticipó que pretenden llevar nuevamente el planteo a la Cámara.

“Nosotros seguimos siendo la comisión directiva”, manifestó al responder una consulta sobre la continuidad de las actividades y la posibilidad de un nuevo intento de ingreso al edificio.

También aseguró que la conducción no tiene inconvenientes en convocar a una asamblea cuando lo disponga la Justicia. Su posición difiere de la expresada por el organismo provincial, que considera vencido el mandato y promueve una renovación de autoridades.

La defensa del padrón y las explicaciones sobre los balances

Otro de los ejes de la conferencia fue la confección del padrón de socios. Díaz rechazó los cuestionamientos y sostuvo que se elaboró mediante una convocatoria pública, difundida en medios de comunicación y en el propio edificio.

Según su relato, se habilitaron siete mesas de afiliación durante tres días para que la comunidad pudiera asociarse y participar del proceso electoral. También afirmó que el padrón había contado con la aprobación de Personas Jurídicas.

El dirigente mencionó un certificado de vigencia emitido en abril de 2024 y comprobantes de las publicaciones realizadas para aquella convocatoria, documentación que ofreció poner a disposición.

Respecto de la situación contable, aseguró que los balances están ordenados. Explicó que, según entiende la conducción, no pueden presentarlos sin la aprobación de una asamblea y que esa convocatoria está condicionada por el conflicto judicial.

Cuestionamientos políticos y preocupación por las actividades

Díaz atribuyó una intencionalidad política a lo sucedido y pidió al gobernador Claudio Vidal que evalúe la actuación de Álvarez. Esos señalamientos formaron parte de su interpretación sobre las decisiones del organismo provincial.

En otro tramo, denunció lo que describió como una campaña de desprestigio en redes sociales, con publicaciones que, según afirmó, utilizaron fotografías personales y familiares de personas vinculadas con la institución.

Ante las consultas sobre quienes realizan actividades en el Centro Chileno, pidió tranquilidad y defendió la labor social, cultural y deportiva desarrollada durante su gestión. También destacó el trabajo ad honorem de integrantes de la comisión y el acompañamiento de quienes utilizan las instalaciones.

El conflicto tuvo, además, una expresión en el Concejo Deliberante. En su sesión del jueves 22, el cuerpo aprobó por unanimidad una resolución de repudio a lo que definió como una “injerencia e intervención indebida con fines políticos” en la integración de la comisión directiva del Centro Chileno.