El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, explicó los motivos por los que se declaró incompetente en el amparo que cuestiona la operación inmobiliaria en el Parque Provincial Península de Magallanes y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En declaraciones publicadas por La Opinión Austral, el magistrado sostuvo que su decisión responde a una cuestión de competencia judicial, ya que considera que, al estar demandada la Provincia de Santa Cruz, debe intervenir el máximo tribunal del país.

“Me declaré incompetente porque al estar demandada la provincia la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene competencia originaria y no otro Tribunal o Juzgado”.

La decisión recae sobre el amparo presentado por los diputados provinciales del kirchnerismo Agostina Mora, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy, junto a la organización civil Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS).

La presentación busca que se deje sin efecto el decreto 915/2026 firmado por el gobernador Claudio Vidal, que habilitó que la sociedad Lacustre del Sud le venda a ASB Hospitality Calafate S.A.U., controlada por capitales de Emiratos Árabes, dos parcelas y un proyecto de desarrollo turístico frente al glaciar Perito Moreno, dentro del parque provincial Península de Magallanes.

Además, Vázquez ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz abstenerse de inscribir transferencias de dominio, cesiones o constituciones de derechos reales sobre las parcelas G2 y G3, identificadas con las matrículas 6548 y 6549.

Los terrenos suman aproximadamente 21 hectáreas y pertenecen a Lacustre del Sud S.A. Su transferencia a ASB Hospitality Calafate S.A.U. fue autorizada excepcionalmente por el gobernador Claudio Vidal mediante el Decreto 915/2026, que prohíbe la venta de tierras en reservas naturales a capitales extranjeros.

El magistrado sostuvo que buscó evitar que el tiempo necesario para resolver la competencia judicial termine frustrando el reclamo de los diputados y de la organización civil.

“Lo que hice fue adoptar una medida para evitar que al momento de resolver la Corte la pretensión de la actora no se transforme ilusoria, abstracta”.