A más de un año del anuncio del gobernador Claudio Vidal, el futuro Centro de Salud Mental y Clínica de Rehabilitación de Punta Bandera llegó a la Legislatura provincial a partir de una iniciativa presentada por el oficialismo.

El diputado Segundo “Yayo” Santana, del bloque Por Santa Cruz, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo “arbitre los medios necesarios para garantizar la continuidad y avance” de las obras, con el objetivo de concretar su finalización, equipamiento y puesta en funcionamiento.

La propuesta también pide información precisa sobre el grado de avance, el dinero ejecutado, las tareas pendientes, los plazos de terminación y la fecha estimada de apertura del establecimiento.

El origen del planteo se remonta a agosto de 2025, cuando el edificio de Punta Bandera, construido originalmente como puesto sanitario, quedó vinculado a un nuevo destino tras una serie de controversias por su uso previo. Hasta entonces había sido cedido durante la gestión de Alicia Kirchner al Centro Educativo Joven Labrador, que lo utilizaba para convivencias y actividades recreativas.

El 27 de agosto del año pasado, durante una recorrida por Punta Bandera, Vidal visitó esas instalaciones y recibió la versión de que estaban abandonadas. Al día siguiente, un funcionario provincial se presentó en la institución, explicó que el Gobierno desconocía ese uso, pidió disculpas y se formalizó mediante un acta la devolución del inmueble a la Provincia.

Ese mismo 28 de agosto, Vidal anunció en una entrevista con Ahora Calafate que allí se proyectaría un Centro de Salud Mental y Clínica de Rehabilitación. Según explicó entonces, la falta de un espacio específico para salud mental era uno de los reclamos en El Calafate. El plan contemplaba restaurar y ampliar el edificio, además de incorporar espacios vinculados a actividades de rehabilitación, como huertas y viveros.

Más tarde, el 16 de octubre de 2025, el IDUV aprobó mediante la Resolución 955/2025 la obra denominada oficialmente “Mejoras en Escuela Rural y Puesto Sanitario en Punta Bandera”. El expediente contempló una ejecución por administración, con un presupuesto oficial de $50.099.027,02, y autorizó una compulsa abreviada para comprar materiales.

De todos modos, el proyecto legislativo señala que no hay información pública suficiente para conocer el porcentaje de avance físico y financiero, ni una fecha oficial de finalización o inauguración. Por eso, además del estado edilicio, pide precisiones sobre cómo funcionará el centro una vez terminado.

En ese sentido, solicita que se informe si tendrá atención ambulatoria, hospital de día, modalidad residencial u otras prestaciones; cuántas personas podrá atender; qué servicios brindará; y cuál será la dotación de profesionales, técnicos, personal de enfermería, administrativos y de mantenimiento.

La iniciativa también consulta si habrá dispositivos para prevención, atención, tratamiento y rehabilitación de personas con consumos problemáticos. El pedido de Santana es acompañado por los diputados Javier Jara, Luis Gallardo y Fernando Martínez Alfaro.

Otro eje del planteo es la necesidad de articulación con el Hospital SAMIC de El Calafate, la Unidad de Salud Formenti y otros efectores sanitarios de la zona, para conformar una red de atención y derivación.

La discusión sobre el recurso humano ya había surgido meses atrás. A fines de julio, en una entrevista con FM Dimensión, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, sostuvo que el proyecto seguía vigente y afirmó: “No estamos muy lejos de poder concretarlo”.

Ross remarcó que el principal condicionante es la disponibilidad de profesionales, en especial psiquiatras, y advirtió que la falta de especialistas es una dificultad que se repite en distintas provincias. También señaló que la demanda de atención en salud mental creció considerablemente en los últimos años, especialmente después de la pandemia.

En los fundamentos, los diputados sostienen que la puesta en marcha del centro no sólo requiere terminar la obra, sino también garantizar recursos humanos, equipamiento, presupuesto de funcionamiento, servicios esenciales y un modelo asistencial definido.

Fuente: Ahora Calafate