El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dispuso que no pueda inscribirse ninguna transferencia, cesión ni constitución de derechos reales sobre las parcelas involucradas en la operación autorizada por el Decreto 915.
La medida apunta a evitar cambios en la situación registral de las tierras mientras se define la continuidad del proceso judicial.
Al mismo tiempo, el magistrado se declaró incompetente para resolver el fondo del amparo y resolvió remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El amparo había sido presentado por diputados provinciales junto con CEJUS y cuestiona la derogación de la Ley de Tierras Rurales y la operación autorizada en Península de Magallanes.