Mediante el Decreto N° 1021/2026 publicado en el Boletín Oficial de Santa Cruz, el Gobierno provincial formalizó la promulgación parcial de la Ley Provincial N° 4025, conocida como “Ley Facu”.

La norma fue impulsada originalmente por la diputada Adriana Nieto, de Por Santa Cruz, y aprobada por la Legislatura el pasado 10 de septiembre. Su objetivo es brindar contención socioafectiva a docentes y empleados públicos provinciales que enfrenten investigaciones o procedimientos administrativos en calidad de denunciados.

La ley crea la figura del Acompañante Socioafectivo, que puede ser un familiar o una persona de confianza del trabajador estatal. Su función es exclusivamente de apoyo emocional y contención durante el proceso administrativo, sin reemplazar la asistencia jurídica ni intervenir en el trámite o en las investigaciones del sumario.

Además, la normativa establece que recurrir a esa figura no implica una admisión de responsabilidad disciplinaria, administrativa o penal. También garantiza la confidencialidad de las actuaciones y la posibilidad de cambiar a la persona de confianza durante el proceso.

El Poder Ejecutivo respaldó el espíritu de la ley, pero dispuso el veto parcial y la observación de seis artículos: 2, 6, 7, 8, 13 y 14, con propuestas de redacción alternativa para su tratamiento legislativo.

Entre los cambios, el decreto aclara que la percepción de haberes se ajustará a los convenios colectivos, estatutos y regímenes laborales vigentes de cada sector. También precisa que la asistencia socioafectiva comenzará a regir formalmente desde la notificación fehaciente del procedimiento al agente.

Otra de las modificaciones delimita la intervención de los equipos técnicos o interdisciplinarios, que no participarán en la tramitación del sumario y tendrán composición definida por la autoridad competente.

Para su puesta en marcha, el Consejo Provincial de Educación será la autoridad de aplicación para el personal docente, mientras que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social lo será para el resto de la administración pública provincial. Ambos organismos deberán redactar los protocolos de actuación e implementación operativa.

La iniciativa fue impulsada por familiares y allegados de Facundo Díaz, docente de música de Río Gallegos que se quitó la vida en noviembre de 2019, luego de atravesar una falsa denuncia por un supuesto caso de abuso a alumnos.