Pese a la represión en las inmediaciones del Congreso, los organizadores de la Quinta Marcha Universitaria pudieron realizar el acto previsto, en el que leyeron un documento con críticas al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En el texto, sostuvieron que la nueva movilización federal fue una “manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario”.
También remarcaron que el incumplimiento de esa norma “nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”. En ese marco, señalaron que el Congreso de la Nación y el Poder Judicial ya habían dado la razón al sancionar una ley, declarar inconstitucional la pretensión del Gobierno de anularla y establecer una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5, sobre salarios, y 6, sobre becas.
Los organizadores agregaron que la ciencia y la tecnología “son parte sustantiva de la universidad pública argentina” y las vincularon con la soberanía del conocimiento y la soberanía tecnológica. Además, definieron a la universidad pública como una herramienta de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional.
Al cierre, advirtieron que garantizar la gratuidad no alcanza si los estudiantes no cuentan con condiciones económicas para sostener sus estudios y si el Gobierno sigue sin cumplir la ley. “Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”, afirmaron en el documento.