El Gobierno nacional avanza con una estrategia internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa forma parte del procedimiento de arbitraje anunciado por la administración de Javier Milei el 28 de septiembre, cuando instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a actuar bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La Argentina busca solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. Sin embargo, la información disponible al 13 de octubre señalaba que la presentación todavía estaba en preparación.
Desde el Gobierno sostienen que las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectan los derechos que Argentina reivindica sobre su plataforma continental y profundizan una controversia reconocida por las Naciones Unidas.
La estrategia jurídica es coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro. La presentación se apoya en la CONVEMAR y en resoluciones de la ONU vinculadas con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El proyecto Sea Lion prevé perforaciones de desarrollo para 2027 y el inicio de la producción comercial para 2028. Navitas Petroleum tiene el 65 % de participación y Rockhopper Exploration, el 35 % restante.
Si la presentación se formaliza, el tribunal deberá evaluar si corresponde ordenar medidas provisionales, que serían obligatorias para las partes. El reclamo argentino no apunta a resolver la soberanía de las islas, sino cuestiones vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho internacional del mar.