Diputados del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que propone reemplazar buena parte del esquema vigente de coparticipación en Santa Cruz. La iniciativa fue impulsada por Agostina Mora Doldán, José Bodlovic, Eloy Echazú y Carlos Godoy, y ya tomó estado parlamentario.

El texto plantea crear una masa bruta coparticipable común con la Coparticipación Federal de Impuestos; Ingresos Brutos, Sellos, Juegos de Azar y Rifas; las regalías de petróleo y gas; y, por primera vez, las regalías mineras. Sobre ese total, fija una distribución primaria de 81% para la Provincia y 19% para municipios y comisiones de fomento.

En la práctica, el nuevo esquema reemplazaría porcentajes distintos según el origen de los recursos. Hoy, los municipios y comisiones de fomento reciben 11% de la Coparticipación Federal, 40% de determinados impuestos provinciales y 7% de las regalías hidrocarburíferas, con una detracción previa destinada al financiamiento de la Caja de Previsión Social.

La propuesta mantiene casi sin cambios la fórmula de reparto entre localidades: 83,15% según población, 11% en partes iguales entre las municipalidades alcanzadas por ese componente y 5,85% según la diferencia poblacional respecto de Río Gallegos. La diferencia, señalan los fundamentos, está en la masa de recursos a distribuir.

Otro eje central es la deuda previsional de municipios y comisiones de fomento. El proyecto diferencia contribuciones patronales y aportes personales. Las obligaciones anteriores al inicio del nuevo régimen por contribuciones patronales y seguros quedarían extinguidas, mientras que los aportes personales no prescriptos entrarían en una moratoria sin intereses, recargos ni multas acumulados, con 12 meses de gracia.

Además, prevé que desde 2027 los aportes y contribuciones mensuales se retengan directamente de la coparticipación con efecto cancelatorio. Para eso, se crearía el Sistema Integrado de Retenciones y Bases Remunerativas en la órbita de ASIP.

La iniciativa también incorpora una garantía automática para asistir a las localidades cuya coparticipación no alcance determinado gasto salarial reconocido por el régimen. Esa herramienta sería transitoria y funcionaría entre el 1° de enero de 2027 y el 30 de junio de 2028.

En paralelo, se propone crear el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, con representación del Ejecutivo provincial, municipios y comisiones de fomento. Tendría entre sus funciones actualizar coeficientes, controlar declaraciones juradas y publicar información fiscal. El proyecto, además, obliga a elaborar antes del 31 de diciembre de 2027 un nuevo anteproyecto de coparticipación con criterios más estructurales.

La adhesión de cada municipio y comisión de fomento sería necesaria para acceder a la garantía, al esquema de regularización de deudas y al nuevo consejo. Quienes no adhieran seguirán bajo las reglas previstas para las jurisdicciones que queden afuera del régimen.