La Justicia federal allanaba este viernes las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicadas en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza, en el marco de una causa que investiga el manejo de fondos en el exterior y la compra de una mansión en Pilar. El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y era llevado adelante por efectivos de la Prefectura Naval, con el objetivo de recolectar documentación clave sobre operaciones entre la AFA y la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni.

Qué investiga la Justicia

La causa pone el foco en el presunto manejo irregular de fondos generados por la Selección Argentina en el exterior, a partir de contratos de sponsoreo, derechos comerciales y partidos amistosos. En ese marco, se investiga el rol de TourProdEnter, una compañía que actuaba como intermediaria exclusiva para la gestión y cobro de esos acuerdos fuera del país. Según consta en el expediente, la firma percibía comisiones que alcanzaban el 30% más un adicional por servicios logísticos, lo que despertó sospechas sobre el circuito financiero. La hipótesis judicial apunta a que parte de esos fondos habrían sido desviados a sociedades sin actividad económica comprobable, en una maniobra que podría involucrar cifras millonarias.

La conexión con la mansión en Pilar

El expediente también se vincula con otra investigación que encabeza el mismo magistrado sobre la compra de una propiedad en Pilar, valuada en alrededor de 17 millones de dólares. Según la denuncia, la vivienda habría sido adquirida a través de presuntos testaferros, con dinero cuyo origen no estaría debidamente justificado. En ese contexto, los investigadores buscan determinar si los fondos utilizados para esa operación provienen del circuito de negocios internacionales de la AFA bajo análisis.

La lupa sobre la dirigencia

Dentro de la causa, el juez también analiza el rol del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se lo vincula con movimientos financieros detectados en el exterior. Los contratos investigados fueron firmados durante la actual conducción de la entidad, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, y forman parte de un esquema que habría canalizado cientos de millones de dólares fuera del sistema local. Mientras avanzan los allanamientos, la Justicia busca reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existió un entramado de sociedades utilizado para desviar fondos provenientes de la actividad internacional del fútbol argentino.