Crisis en Fundación Centa por deuda de la Caja de Servicios Sociales

El presidente de la Fundación Centa, Roberto Ortiz, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa la institución debido a la falta de pagos por parte de la Caja de Servicios Sociales, lo que podría derivar en la suspensión de prestaciones que actualmente reciben más de mil familias en Río Gallegos.

Según explicó a Santa Cruz al Momento, el problema se arrastra desde agosto del año pasado, cuando comenzó a romperse la cadena de pagos de la obra social provincial con distintos prestadores de salud.

“Venimos manifestando esta situación desde agosto del año pasado, cuando se rompió la cadena de pago. Desde enero creíamos que se iba a regularizar, pero seguimos igual hasta hoy”, señaló.

Posible corte de prestaciones

Ortiz indicó que la institución mantiene reuniones internas para definir los pasos a seguir y que no se descarta un corte de servicios si la situación no se resuelve en los próximos días.

“Tenemos asambleas en nuestras tres sedes de Río Gallegos para analizar qué medidas tomar. El malestar es muy grande entre los profesionales y las familias”, afirmó.

La fundación trabaja principalmente en áreas vinculadas a la salud mental y a la atención de personas con discapacidad, por lo que la incertidumbre también genera preocupación entre quienes reciben tratamientos.

“Un corte genera una gran inestabilidad emocional. Nosotros trabajamos con salud mental y hay familias que están viviendo con angustia esta incertidumbre”, explicó.

Impacto en el sistema de salud

El titular de la entidad advirtió que la crisis no afecta solo a la fundación, sino a otros prestadores del sistema de salud privado de la ciudad.

De hecho, mencionó que una clínica de Río Gallegos ya informó a sus profesionales que, si la deuda no se cancela en los próximos días, también podrían comenzar a suspender servicios.

Según Ortiz, esta situación podría generar una fuerte presión sobre el sistema público de salud.

“Cuando se cortan prestaciones en el sector privado, toda esa demanda termina en los hospitales. El sistema funciona en equilibrio entre lo público y lo privado, y si una parte se cae, se complica todo”, señaló.

Falta de definiciones políticas

Ortiz sostuvo que la principal dificultad radica en la falta de fondos que recibe la obra social provincial y en la ausencia de decisiones políticas para resolver el problema.

“Hoy nos dijeron que a la obra social no le está llegando dinero. Venimos diciendo hace tiempo que desde el Ministerio de Economía o desde Casa de Gobierno debería haber una determinación política para fortalecer el sistema de salud”, afirmó.

El dirigente también cuestionó que, pese a las reuniones mantenidas con distintos funcionarios, aún no existe un plan concreto para normalizar los pagos.

“Lo que vemos son parches, no una política clara que diga a partir de tal fecha se paga regularmente y se sostiene en el tiempo”, remarcó.

Consecuencias para pacientes y familias

En Fundación Centa trabajan más de cien profesionales y no profesionales, y sus servicios alcanzan a más de mil familias de la ciudad.

Ortiz advirtió que la interrupción de tratamientos puede tener consecuencias graves, especialmente en niños que realizan terapias vinculadas al desarrollo o a la inclusión escolar.

“El retrasar los tratamientos tiene un impacto muy fuerte. Muchos chicos necesitan terapias constantes para mantenerse al nivel de sus compañeros en la escuela. Si eso se interrumpe, el retroceso es grande”, explicó.

Además, señaló que la falta de continuidad en las terapias también genera angustia en las familias y puede agravar problemáticas vinculadas a la salud mental, como ansiedad, depresión o trastornos alimentarios.

Posible movilización

Ante este escenario, desde la fundación no descartan nuevas acciones para visibilizar la situación, incluyendo movilizaciones similares a las que ya se realizaron en diciembre pasado.

“Después de la asamblea vamos a definir las medidas a tomar. También podría haber reuniones con los padres y eventualmente alguna movilización”, adelantó Ortiz.

Finalmente, el titular de la institución remarcó que el objetivo principal es garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar que el conflicto afecte a los pacientes.

“Acá no solo hablamos de profesionales o de una institución, hablamos de más de mil familias que dependen de estas terapias”, concluyó.