La Iglesia pide no modificar la Ley de Glaciares

La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina instó a los senadores y diputados nacionales a preservar la actual Ley de Glaciares, en medio del debate legislativo sobre posibles cambios a la normativa de protección ambiental que rige desde 2010 en todo el país.

A través de una misiva dirigida a los representantes del Congreso, la entidad expresó su profunda inquietud por la chance de reformar la Ley 26.639, que establece un marco legal para resguardar los glaciares y las zonas periglaciares —territorios de suelos helados que regulan el ciclo del agua—, y destacó que estos cuerpos de hielo son “fuentes de agua y de vida” con una función esencial en el equilibrio ecológico.

Un llamado a proteger el agua como derecho fundamental

En la carta, los representantes eclesiásticos subrayaron que el agua debe ser reconocida como un derecho natural e inalienable, que no puede ser condicionado por prioridades económicas o productivas. Asimismo, resaltaron que la protección de los glaciares fue resultado de un amplio consenso político, social y científico, y advirtieron que cualquier debilitamiento de esa normativa tendría un impacto negativo sobre las comunidades y ecosistemas que dependen de esos recursos.

La Ley de Glaciares, sancionada el 30 de septiembre de 2010, fija presupuestos mínimos de protección ambiental, declara a los glaciares como bienes de carácter público y limita las actividades que puedan alterar sus características naturales. La norma también incluye sanciones para quienes vulneren sus disposiciones.

Reacciones y contexto del debate

La intervención de la Iglesia se da en paralelo a la discusión parlamentaria sobre una posible modificación de esta normativa, promovida por el Ejecutivo nacional bajo el argumento de otorgar mayor autonomía a las provincias para gestionar sus recursos minerales y subsanar “interpretaciones” de la ley. Este planteo ha generado fuerte resistencia por parte de comunidades locales, organizaciones ambientalistas y parte del mundo científico, que advierten sobre los riesgos de disminuir el nivel de resguardo de estos ecosistemas frágiles.

En la misiva, la Comisión Episcopal también recalcó que el retroceso de la protección ambiental afectaría primero a los sectores más vulnerables, como pueblos originarios y poblaciones que dependen directamente de los recursos hídricos de la región patagónica. Además, pidió a los legisladores que “escuchen la voz de científicos y comunidades locales” antes de tomar decisiones que podrían comprometer el bienestar colectivo.

El pronunciamiento se suma al rechazo expresado en otros ámbitos, tanto políticos como sociales, que reclaman mantener la protección legal de estas reservas estratégicas de agua dulce y evitar retrocesos en los estándares ambientales.