ARA San Juan: procesan a seis altos mandos de la Armada por estrago culposo

La jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que además los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio.

La magistrada, además, negó el pedido de las querellas para que se investigue al expresidente Mauricio Macri, entre otros.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, procesó a seis altos mandos de la Armada Argentina por la tragedia del submarino ARA San Juan, en la que murieron sus 44 tripulantes.

La magistrada los acusa por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. Los delitos tienen una pena que van desde el mes a cinco años. Además los embargó por entre $2,5 y $3,5 millones, según publicó este martes los medios capitalinos.

Yáñez consideró que tuvieron responsabilidad directa en el desenlace final del submarino que cumplía misiones de control del mar argentino y que fue hallado a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia.

Los procesados son Luis Enrique López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), al que se lo embargó por un total de $3,5 millones. Él era el encargado de fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de alistamiento, sostener los medios asignados y entender en su mantenimiento, según la resolución a la que accedió TN.com.ar.

“Queda claro que no fijó ni supervisó adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento, ni entendió en el adecuado y correcto mantenimiento del submarino ARA San Juan, ya que, como quedó demostrado, el imputado estaba en cabal conocimiento del estado en que se encontraba la unidad, de las novedades de material que había presentado durante 2017 y que venía acarreando de años anteriores y, sin embargo, ordenó realizar las operaciones con una o dos unidades submarinas”, dijo la jueza.

Otro de los procesados es el excomandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) y Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas de la Armada, Claudio Javier Villamide, quien “omitió las diligencias necesarias y propias del cargo que ostentaba en lo que respecta al alistamiento y el mantenimiento de las Unidades a su cargo”.

Villamide “no controló que se cumpliera con el correcto alistamiento del ARA San Juan”, según la magistrada, quien en su resolución enumeró los inconvenientes que presentaba el submarino ARA San Juan, entre estos, el de la válvula E19, circuito clave para la investigación, que intenta determinar si el agua hizo contacto con las baterías debido a una falla en este mecanismo que debió haber evitado el paso del líquido.

Tres meses antes de la tragedia, el Capitán Pero Martín Fernández alertó que el mecanismo no cerraba correctamente y que se había producido ingreso de agua de mar a través de esta válvula. “La única posibilidad es la falta de estanqueidad de la E19”, alertó el comandante.

A su vez, al exJefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Luis Enrique Malchiodi, se le cuestionó los incumplimientos en la administración de los repuestos correspondientes a las unidades navales. Se lo embargó por 3,5 millones de pesos.

Hector Anibal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y como Oficial Evaluador del Alistamiento (O.E.A), debía asistir al Comandante de la fuerza de submarinos, en el alistamiento de las unidades y en la evaluación de los niveles alcanzados por las unidades submarinas, pero para Yáñez no lo hizo. Le trabaron un embargo de $2,5 millones.

Por su parte, Hugo Miguel Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe del Cargo de Comunicaciones y Jefe de CENCOMSUB, del Comando de la Fuerza de Submarinos, debía, entre otras tareas, dirigir las comunicaciones del comandante de la fuerza de submarinos a través de la central de comunicaciones. También se le achaca responsabilidades en la desaparición.

El último de los procesados es Jorge Andres Sulia, al que se lo embargó por $2 millones. En su condición de Jefe del Departamento de Logística y Jefe de la Sección Mantenimiento del Comando de la Fuerza de Submarinos, omitió las diligencias propias de los cargos que desempeñaba, según la jueza; permitió que la nave zarpara pese a su conocimiento sobre la falta de mantenimiento para las unidades TR 1700 y en especial no hizo caso a las novedades informadas por su capitán, el comandante Pedro Martín Fernández.

En la página 604 del fallo, que tiene 619 fojas, Yáñez además negó el pedido de las querellas para que se investigue al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad, y al titular Jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur.

(Fuente: LVN.)