Suspendieron a la secretaria municipal de Niñez y ordenaron la normalización del área

Virginia Pedemonte

El juez de Familia Antonio Andrade dispuso ayer separar del cargo a Virginia Pedemonte por las irregularidades en la Secretaría de Infancia Municipal, solicitándole al Ministerio de Desarrollo que designe un normalizador. Sin embargo, la provincia apelará el fallo por el precedente que podría sentar.

A fines de mayo, la defensora del Menor Nº 1, Verónica Zuvic, presentó un amparo denunciando que el Municipio de Río Gallegos no destina recursos al área de Niñez, que no cuenta con profesionales ni operadoras suficientes para el abordaje de los casos donde hay menores en situación de vulnerabilidad y que tampoco se deja supervisar por el Ministerio de Desarrollo.

La demanda quedó a cargo del juez de Familia Antonio Andrade y generó que el Concejo Deliberante convocara a Roberto Giubetich y a la titular de Niñez, Virginia Pedemonte, a un plenario para que dieran explicaciones sobre lo que estaba pasando. Las autoridades no acudieron y, en respuesta, dieron dos argumentos de manual: Por un lado, que el tema era político y obedecía a una interna, y por el otro, que no estaban autorizados a dar detalles de las causas que involucran a niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, el mensaje político más claro sobre la importancia que la administración de Cambiemos le dio al tema lo dio el intendente, cuando esa misma semana decidió poner a la titular del área desbordada también como coordinadora de su Gabinete.

El amparo de Zuvic solicitaba, entre otras cosas, que la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social pudiera ejercer la superintendencia del área municipal, y que además se le ordenara al intendente garantizar el cumplimiento de las leyes de protección.

A poco más de un mes de la presentación, la decisión del juez Antonio Andrade cayó como un baldazo de agua fría no sólo sobre la administración de Giubetich, sino salpicando al Ministerio de Desarrollo, al que le ordena que resuelva el asunto designando un normalizador en Infancia.

“Insisto que los derechos humanos que tienen que ver directamente con la vida, la salud y la dignidad de los sujetos de derecho involucrados, dan justificación y fundamento a la presente medida cautelar innovativa, extremos que han sido tenidos en cuenta por la mismísima Corte Suprema…”, se lee en el documento al que tuvo acceso La Opinión Austral.

Andrade declaró ayer el “el incumplimiento sistémico” por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Municipal al sistema de protección y a las leyes nacional y provincial que lo sostienen.

También suspendió “transitoriamente en sus funciones” a su titular, Virginia Pedemonte, “por el término de tres meses y/o hasta que se dé por finalizado el proceso de normalización del área, quedando a criterio del Poder Ejecutivo Municipal las condiciones administrativas laborales de la nombrada”.

Andrade también dispuso que, durante este tiempo, la Secretaría de Niñez de la provincia debe designar a un profesional como normalizador del área municipal y que, a su vez, este deberá producir un informe de la situación en las próximas dos semanas.

Ese informe deberá tener: Listado de los profesionales que ocupan el área y de equipos técnicos conformados; listado de expedientes administrativos discriminando entre las medidas ordinarias y medidas excepcionales, su estado, testimonio de los equipos técnicos y personal administrativo sobre cómo se manejó el área; un listado actual de operadores y facilitadores familiares y los casos en los que han sido designados; informar sobre la situación actual de operadores y facilitadores familiares en cuanto al pago de sus servicios y marco jurídico de su contratación, entre otros datos.

Finalmente, el juez de Familia anuncia que tras obtener ese informe, llamará a una audiencia en la que deberán estar el intendente Giubetich, el normalizador, la secretaria de Niñez de la provincia y el Ministerio Público, para “establecer en conjunto las estrategias de abordaje de acuerdo a la situación informada”.

En el Gobierno no cayó bien el fallo, porque entienden que el juez decide trasladar un problema del municipio a la órbita provincial, a la que le exige la normalización de la secretaría municipal.

Por otra parte, trascendió que el fallo sería apelado, además, porque en términos institucionales el precedente sería gravísimo, ya que con esa lógica cualquier titular de ministerio o de secretaría podría ser corrido de su lugar mediante una orden judicial.

Creen que lo que debía suceder era que Andrade le ordenara a la Municipalidad que tomara medidas urgentes para resolver la falta de coordinación del área y que la dotara de recursos, e incluso pudo haber solicitado la denuncia penal por incumplimiento de deberes.

(Fuente: La Opinión Austral.)

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