Exoneran a un agente judicial por violencia de género

justicia - mazo

El hombre fue dado de baja por conducta indecorosa. También intentó aprovechar su condición de integrante del Poder Judicial para logar impunidad y evitar que su expareja denunciara los delitos de violencia de género. Por esa causa está siendo sometido a juicio oral y público.

La Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia exoneró a un empleado de la Oficina Judicial de Puerto Madryn al incurrir en la comisión de faltas graves, conducta encuadrada en el Reglamento Interno General, Ley Orgánica de la Justicia de Chubut y el Estatuto para el Personal de la Administración Pública.

El exagente judicial está siendo sometido a debate acusado de provocar lesiones a su expareja en el marco de la ley de violencia de género. “Los hechos denunciados revisten una gravedad inusitada pues implican, en forma activa y directa, a un agente judicial cuyo accionar trasciende lo particular e involucra, negativamente, a todo el Poder Judicial de esta Provincia”, sostiene el comunicado.

Para la Superintendencia, que un magistrado del fuero penal “haya encontrado en la etapa preliminar y con el grado de probabilidad que allí se requiere los elementos de convicción necesarios para elevar la causa a juicio, pone en evidencia, claramente, que el sumariado no ha observado una conducta decorosa compatible con la dignidad del cargo que detenta”.

También le reprochan al exempleado judicial que no informó a sus superiores, en su real dimensión, la existencia de la causa penal y que intentó aprovechar su condición de integrante del Poder Judicial para logar impunidad y evitar que su expareja denunciara los delitos padecidos.

La Superintendencia analizó que “todas las conductas que aquí se aprecian, tienen la aptitud suficiente para revelar la irreparable pérdida de un requisito esencial para el cumplimiento de la labor judicial en forma armónica: la confianza de todos los estamentos del Poder Judicial”.

El mismo sumario administrativo refiere que el exagente incurrió en “faltas de gravedad institucional a deberes propios del empleado público en lo general”. La resolución manifiesta que “se ha comprometido el servicio de justicia con un descrédito institucional que provoca, en definitiva, un quebranto en la confianza que el justiciable y de la sociedad toda”.

El comunicado concluye que “esta Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia ratifica su compromiso, como política pública, de generar acciones concretas de prevención, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de violencia”.

(Fuente: El Patagonico.)

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