Acevedo, Sancho y Peralta deberA?n declarar por favorecer a LA?zaro BA?ez

Acevedo, Sancho y Peralta

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron que vayan a declarar los ex gobernadores de Santa Cruz.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le pidieron al juez JuliA?n Ercolini que cite a indagatoria a tres ex gobernadores de la provincia de Santa Cruzdebido a que segA?n la investigaciA?n judicial que llevan adelante, favorecieron a las empresas de Lazaro BA?ez que recibieron millonarios contratos de obra pA?blica vial en la tierra de los Kirchner.

SegA?n el extenso dictamen firmado por los fiscales, los ex gobernadores Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta formaron parte de una organizaciA?n que en Santa Cruz replicA? lo que describieron cuando acusaron a autoridades del gobierno kirchnerista de armar una matriz para -desde el Poder Ejecutivo Nacional- favorecer a las empresas del amigo de NAi??stor y Cristina Kirchner.

El pedido de indagatoria de los tres ex gobernadores y de otras mA?s de 20 personas es una continuidad de la investigaciA?n por la que la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de PlanificaciA?n Julio De Vido y el ex secretario de Obras PA?blicas JosAi?? LA?pez, entre otros tantos, deberA?n ir a juicio oral y pA?blico por haber favorecido a BA?ez -tambiAi??n en juicio- con obras viales, algunas de ellas que jamA?s se terminaron.

Para los fiscales el capAi??tulo santacruceAi??o forma parte de una investigaciA?n en la que se habAi??a producido «la comprobaciA?n de distintos hechos que se habrAi??an desplegado desde la cA?spide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes NAi??stor Kirchner y Cristina FernA?ndez, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado -Ministerio de PlanificaciA?n Federal, DirecciA?n Nacional de Vialidad, AdministraciA?n Federal de Ingresos PA?blicos, AerolAi??neas Argentinas, etc.- y un reducido nA?mero de empresarios amigos -entre los que se encuentran LA?zaro BA?ez, CristA?bal Manuel LA?pez y Carlos FabiA?n De Sousa- quienes se habrAi??andedicado de manera sistemA?tica y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos pA?blicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuaciA?n propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupciA?n».

En el dictamen al que Infobae accediA? a travAi??s de fuentes judiciales los fiscales seAi??alaron que en la causa «en la que se ha podido corroborar la maniobra de corrupciA?n por la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administraciA?n estatal con intervenciA?n en materia de obra pA?blica se montA? una organizaciA?n criminal orientada a la sustracciA?n de fondos pA?blicos por medio de la asignaciA?n discrecional de prA?cticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de LA?zaro Antonio BA?ez, lo que representA? la contrataciA?n del Estado por prA?cticamente 46 mil millones de pesos».

Pollicita y Mahiques explicaron que «a travAi??s del presente dictamen se esclarecerA? la responsabilidad penal de aquellos individuos que, desde la estructura burocrA?tica de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposiciA?n de la maniobra sus facultades pA?blicas y contribuyeron -con los aportes especAi??ficos por acciA?n y omisiA?n que sus respectivos roles les permitAi??an- al plan criminal que se decantaba desde la cA?spide del Poder Ejecutivo Nacional y que demandaba su imprescindible colaboraciA?n para su implementaciA?n y sostenimiento en el tiempo; todo ello a sabiendas de los alcances de la maniobra y brindando su acuerdo previo tendiente a garantizar su Ai??xito». Y agregaron: «En otras palabras, para que la maniobra criminal investigada pudiera desarrollarse y extenderse en el tiempo conforme habAi??a sido planificada por los ex titulares del Poder Ejecutivo Nacional, fue necesario que la matriz de corrupciA?n instaurada en la administraciA?n pA?blica central se replicara en el A?mbito provincial, en donde los ex Gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas carteras de la administraciA?n pA?blica provincial durante el perAi??odo de 2003 a 2015 contribuyeron -por acciA?n u omisiA?n- en el plan criminal destinado a la sustracciA?n de fondos pA?blicos a travAi??s de la asignaciA?n y falta de control de obras viales al Grupo BA?ez».

Para los integrantes del Ministerio PA?blico Fiscal, la responsabilidad por haber entregado negocios a BA?ez recayA? no solo sobre los ex gobernadores de Santa Cruz sino tambiAi??n sobre ex ministros de EconomAi??a y Obras PA?blicas, sobre funcionarios del A?rea de Vialidad provincial y sobre integrantes del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz.

Fue por eso que Pollicita y Mahiques pidieron que Ercolini indague tambiAi??n a Luis Villanueva, Juan Antonio Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Leonardo Robles, Roberto Ariel Ivovich, JosAi?? Carlos AndrAi??s Blassiotto, Edgardo RaA?l ValfrAi?? -ex ministros de EconomAi??a y Obras PA?blicas de Santa Cruz- a Manuel A?ngel DAi??az, Guillermo Horacio Cantero, Juan Carlos Cerrato, Orlando Taboada, Daniel LA?pez Geraldi, VAi??ctor Paniagua, Juan Gelves, Miguel Salazar, Ernesto Morilla, Roberto Lillo, Claudia Oliva, Alba Cabrera, Elio GonzA?lez, Carlos Mancilla, Guillermo Torres, Jorge Pasiecznik, Roberto Perazzo, Facundo MuAi??oz- quienes fueron funcionarios de la AdministraciA?n General de Vialidad Provincial de Santa Cruz-, y Angelina Abbona, Carlos Javier Ramos, GastA?n Pedelaborde, Alice Quinteros, Mario Roberto LayA?n, Patricia A?lvarez- todos ellos funcionarios del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz-. TambiAi??n pidiA? la indagatoria para JosAi?? Carlos PistA?n y Manuel Parras, que trabajaron durante la Ai??poca investigada para empresas del Grupo BA?ez.

Los fiscales analizaron minuciosamente 51 obras viales financiadas y supervisadas por el estado nacional, de las cuales 47 tuvieron como contraparte a la AdministraciA?n General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que tuvo a su cargo la licitaciA?n, la adjudicaciA?n y la inspecciA?n del avance de las obras.

«Lo expuesto exhibe -dice el dictamen de los fiscales- que en mA?s del 92% de las obras imputadas la maniobra se instrumentA? a partir de la actuaciA?n coordinada y planificada entre los funcionarios nacionales -presidente, ministro, secretario, subsecretario, titular de la DNV, gerentes y jefes de distrito de dicha entidad vial-, los funcionarios provinciales -gobernadores, ministros, responsables de AGVP y del Tribunal de Cuentas- y quienes se encontraban del lado privado de la contrataciA?n -LA?zaro Antonio BA?ez y los principales directivos y profesionales que colaboraron desde las diversas empresas del conglomerado societario».

Para los fiscales hubo una estructura armada para favorecer a BA?ez. Se detectaron irregularidades en las licitaciones, en la ejecuciA?n de las obras pA?blicas, aumentos de costos y de plazos consentidos, todo ello con la falta de control por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Pollicita y Mahiques resumieron la maniobra: «Como puede advertirse de todo lo expuesto, ha quedado acreditado que era imprescindible la intervenciA?n del Gobernador de Santa Cruz para que el Estado Nacional -a travAi??s de convenios de la DirecciA?n Nacional de Vialidad- decidiera invertir fondos federales en las obras viales aquAi?? investigadas y, a la vez, era necesaria su contribuciA?n y la del Ministro de EconomAi??a y Obras PA?blicas para que pudieran afrontarse los costos iniciales de las obras y para que pudieran abonarse los certificados; todo lo cual era solventado con fondos provinciales que el Gobernador y el Ministro proporcionaban a la AGVP, por la vAi??a ordinaria -ley de presupuesto- o extraordinaria -reasignaciones a travAi??s de decretos o resoluciones ministeriales-; a la espera de que, posteriormente, el Estado Nacional los reintegrara parcialmente».

Los fiscales hicieron un cA?lculo de cuA?nto dinero cada gobernador y su ministro de EconomAi??a y Obras PA?blicas derivaron para obras viales del Grupo BA?ez.

Entre abril de 2004 y marzo de 2006, el tA?ndem Acevedo-Villanueva posibilitA? que mA?s de 395 millones de fondos provinciales fluyeran hacia obras adjudicadas al Grupo BA?ez.

El dA?o Sancho-Bontempo entre marzo de 2006 y septiembre de 2007 erogA? algo mA?s de 918 millones de pesos por obras viales adjudicadas al Grupo BA?ez.

En tanto el binomio Peralta-Campillo transfiriA? a las empresas de BA?ez, mA?s de 561 millones de pesos, entre septiembre de 2007 y fines de 2009.

Todos fondos de una provincia que estA? en crisis econA?mica. 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