La reforma suma amparos

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Junto a la Confederación Nacional de Jubilados, la Defensoría bonaerense sumó un nuevo amparo contra la aplicación de la reforma previsional al considerarla inconstitucional. También propiciarán amparos individuales.

La reforma previsional sigue sumando amparos judiciales en contra de su aplicación. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un amparo colectivo –junto a la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País– para que se declare “inconstitucional” la ley porque “viola los pactos internacionales y los derechos adquiridos y de propiedad”. “Veremos si la Justicia ordena lo que no logró ordenar la política”, sostuvo el defensor bonaerense Guido Lorenzino a PáginaI12. La defensoría también encabezará una serie de amparos individuales solicitados en sus delegaciones y que arrancarán la semana próxima ante la justicia federal de Mar del Plata y Dolores.

“La ley es legal pero ilegítima, porque provoca daños irreparables en sectores vulnerables de la población: jubilados, pensionados, pensionados por invalidez, ex combatientes de Malvinas y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo”, insistió Lorenzino antes este diario. “Los argumentos son simples –continuó el defensor–, es inconstitucional por la violación de pactos internacionales derechos, el derecho a la propiedad y otros derechos adquiridos” de los beneficiarios del sistema provisional.

La presentación de la Defensoría también cuestiona que la modificación de la fórmula para calcular los incrementos de los haberes previsionales no respeta “el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social” y que liga la movilidad a la inflación, algo que no ha sido aceptado por la Corte Suprema. Además, la considera “discriminatoria” porque tampoco garantiza a quienes accedieron al beneficio por moratoria el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil.

El amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense recayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social 2, a cargo del juez subrogante Fernando Strasser –cuya nombramiento definitivo está en manos del Ejecutivo nacional–, tras el pedido de a Anses de unificar en un solo juzgados todas las demandas contra la reforma previsional y designado por sorteo a solicitud de la Corte Suprema. En la defensoría provincial no coinciden en que el criterio de un sólo juez de la Seguridad Social defina el sentido y la suerte de todos los reclamos que afronta la resistida ley de reforma provisional. Por eso también acompañará una serie de amparos individuales reclamados en sus delegaciones, y que comenzará con presentaciones judiciales en Mar del Plata y Dolores.

La designación de Strasser ya desató cuestionamiento entre quienes ya presentaron otros amparos contra la implementación de la reforma. Como sucedió con el rechazo del amparo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) para que la ley no se tratara en la Cámara de Diputados. Strasser aun debe resolver los amparos del previsionalista y ex gerente de la Anses, Miguel Fernández Pastor –quien ya había cuestionado el fallo del magistrado sobre la llamada “Reparación Histórica”– y el interpuesto por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) porque “genera daños de carácter irreparable y pone en riesgo la integridad psicofísica y la vida del colectivo de ex combatientes”.

(Fuente: Pagina 12.)

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