Rechazo al proyecto que pretende derogar la vacunación gratuita

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Referentes del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia acompañaron el documento elaborado por los integrantes del Núcleo de Expertos de la Comisión Nacional de Inmunización y expresaron su rechazo al proyecto presentado por la Diputada Nacional Paula Urroz ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Frente a la posibilidad que se discuta un proyecto de ley que pretende instalar el consentimiento informado para la vacunación gratuita y obligatoria, integrantes de la CoNaIn expresaron en un documento sus consideraciones al respecto.
Indicaron que promover la no obligatoriedad de las vacunas significa desconocer el impacto que la medida de Salud Pública ha tenido en nuestro país y en el mundo a partir de la incorporación de esta valiosa herramienta de prevención. Si bien el desarrollo de la cultura en nuestra sociedad permite la posibilidad de libre elección frente a distintas alternativas, no es el caso de la vacunación ya que la misma no solo protege al individuo sino también al resto de la comunidad.
Cuando una persona contrae una enfermedad prevenible a través de las vacunas, además de las consecuencias individuales sobre su salud, genera tanto en su familia como en el sistema sanitario un costo agregado. En este sentido los países que han optado por la libre decisión del individuo acerca de la vacunación han incrementado el número de casos de enfermedades, y en numerosos casos también de muertes, por enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión o la difteria.
La vacunación es un derecho de las personas, pero a veces la comunidad no tiene los elementos suficientes para definir si una medida es beneficiosa o no ya que ésta es una de las tareas irremplazables del Estado. En este sentido, cuando una madre concurre o lleva a su hijo a vacunar tácitamente está expresando la conformidad de vacunarlo, lo mismo ocurre con un ciudadano que se acerca a un centro asistencial para recibir su vacuna.
La vacunación es un deber del Estado y proponer que los padres o los individuos adultos firmen un consentimiento informado transforma esta responsabilidad del Estado en un acto volitivo con los riesgos que conlleva. La obligatoriedad de la firma de un consentimiento informado implica también una barrera a las oportunidades de vacunación que tienen las personas y pone en grave riesgo las tasas de coberturas. Es necesario destacar que la vacunación es un derecho al cual las comunidades pueden y deben acceder.
Por otro lado, los vacunadores en los distintos centros del país, están entrenados para explicar y detectar aquellas personas que por algún motivo, ya sea transitorio o definitivo no puedan recibir alguna de las vacunas de nuestro calendario.
El proyecto mencionado también tiende a producir dudas e incertidumbre sobre la importancia y la seguridad de las vacunas. Se debe tener en cuenta que en todas las etapas de la investigación y el desarrollo de las vacunas, la seguridad es un aspecto que se exige como parte del mismo y la CoNaIn toma en cuenta los datos obtenidos en los estudios de investigación o en la vigilancia que se efectúa después de la implementación de las vacunas en otros países. Sumado a este hecho, el Ministerio de Salud de nuestro país mantiene sistemas de vigilancia de eventos adversos potencialmente atribuibles a las vacunas (Farmacovigilancia, ANMAT) y como parte del mismo se ha constituido una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (ConNaSeVa) que analiza cada uno eventos que previamente ha sido comunicado por el profesional interviniente.
Los integrantes del Núcleo de Expertos que firmaron el documento también expresaron el apoyo al anteproyecto de Ley 0936-D-2016 denominado “Enfermedades Prevenibles por Vacunación: Régimen para implementar una política pública de control” presentado ante la misma Cámara en Marzo del año 2016.

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