Investigan si una madre prostituía a sus hijas

hospital caleta

El caso trascendió luego de que una pequeña de 4 años ingresó al Hospital Zonal con profundas lesiones en su zona pélvica y fue su abuela quien denunció que ella y su hermana eran entregadas para ser abusadas por la pareja de su madre “y todo aquel que ponga dinero”.

Una madre entregaba a sus hijas de 4 y 10 años a su pareja y a cualquiera que pagase por sexo con las pequeñas. Increíblemente no hay detenidos por este aberrante acto. Denuncian inacción de las autoridades encargadas de contener este tipo de situaciones. La semana pasada fue recibida en la guardia del Hospital Zonal de Caleta Olivia una niña de 4 años de edad, con signos en su cuerpo de agresiones físicas y sexuales (golpes, excoriaciones, hematomas), en la zona pélvica la mayoría de ellas, zona inguinal y vaginal, según palabras textuales de los profesionales que la atendieron; “está toda rota, no puedo creer lo que veo”. La situación que vivían quienes estaban asistiendo a la niña era de bronca y estupor.
La abuela paterna fue quien llevó a la nena al centro asistencial para ser atendida, luego de una fuerte pelea con la madre de la niña, quien no quería que le dieran asistencia.
Según indica el testimonio de la abuela y el entorno íntimo de la familia del barrio 3 de Febrero, la pequeña y sus otras dos hermanas de 2 y 10 años eran prostituidas por su propia madre. La mujer entregaba a sus hijas a su pareja, amigos de ésta y todo aquel que acceda a pagar por tamaño acto inescrupuloso.
“Le pinta las uñas, la maquilla, le pone vestido a la de 10 y la vende a la nena, adónde está la justicia acá”, gritaba la abuela según publicó Nuevo Día.
A la mamá de la nena, al llegar al hospital, los facultativos no le permitieron el acceso a la niña, hasta tanto no aportaran a las autoridades de aplicación en tema minoridad, información acerca de este caso, que ya tenía una historia en la Oficina de Protección Integral de Niños y Adolescentes de la Municipalidad de Caleta Olivia a cargo de la Lic. Cecilia Florentín.

Antecedentes y asistencia deficiente
La licenciada Florentín, quien está a cargo de la Oficina de Protección Integral de Niños y Adolescentes de la Municipalidad de Caleta Olivia, fue duramente cuestionada por su accionar ante el caso de abuso denunciado. La profesional se habría limitado a comunicaciones telefónicas con el personal médico insistiendo en los trámites administrativos alrededor del caso y expedientes anteriores sobre la misma familia.
Uno de los profesionales médicos cerró la charla con la funcionaria diciéndole “vos me decís que vaya a ver el expediente, por qué no venís vos a ver cómo está la nena, rota acá, mirale los ojos de miedo que tiene, a ver si te quedan ganas de seguir hablando del expediente”.
El Juzgado de Familia, a cargo de la juez Dra. Marita Alvarez, ha sido puesto al tanto del caso y de la inacción de la Oficina a cargo de la Lic. Florentín, que tiene otros sucesos similares de falta de profesionalidad y celeridad en este tipo de situaciones críticas como las aquí denunciadas, publicó el Diario El Patagónico.

Decisiones en conjunto y evaluaciones profesionales
La licenciada Florentín salió a explicar la intervención que desde el área tuvieron en el caso de abuso sexual infantil que tomó estado público. En principio la funcionaria explicó que su tarea comprende desde la prevención y promoción de los derechos de los niños y adolescentes y el abordaje específico cuando existe vulneración de derechos, de las cuales toman conocimiento a través de denuncias realizadas en distintos estamentos públicos, a partir de allí, comienza la tarea del equipo interdisciplinario, mencionando que el área está trabajando los 365 días del año con sus guardias respectivas para acudir a hospitales, comisarías o domicilios a partir de las denuncias efectuadas. La oficina no se ve afectada por medida de fuerza alguna desarrollada en el ámbito municipal, ya que el servicio que brindan se rige por la Ley Provincial N° 3062.
Respecto al aberrante caso de abuso infantil y al procedimiento abordado desde su área, afirmó: “Tenemos conocimiento de una situación de abuso, la oficina tomó intervención cuando se realiza la primera denuncia en la que aún nadie sabía en qué iba a devenir, señalando que muchas veces se denuncia que es una madre negligente, abandónica, que los niños no están higienizados, que presentan distintos problemas de salud, que la madre sale y los deja solos poniéndolos en riesgo, y a medida que uno avanza en las evaluaciones comienzan a surgir otras evidencias de vulneración de derecho como pasó aquí. A partir de la denuncia se realizan las intervenciones y evaluaciones con el equipo profesional y las niñas quedan a resguardo de un familiar evaluado por el equipo técnico y quien debía continuar con los estudios médicos que se le habían indicado, al continuar con los estudios se toma conocimiento de este episodio tan trágico que afecta la vida de una niña. La trabajadora social hace su informe luego de acercarse al domicilio, haciendo todas las intervenciones que ella considere necesarias, al igual que la psicóloga que tiene especialidad en el trabajo con los niños, que es quien en una sesión privada escucha y evalúa a los niños y a partir de allí el equipo interdisciplinario se reúne y toma las decisiones en conjunto con todas las evaluaciones profesionales que se van generando”.

Control de legalidad
Respecto a su responsabilidad como máxima autoridad del área, señaló: “Si hay alguna duda de nuestro trabajo será el Juzgado interviniente en esta materia el que deberá pedirme las explicaciones. Ya solicitamos el control de legalidad de la ‘medida de excepción que tomamos’ y tengo la audiencia programada para la semana que viene en el Juzgado de Familia. Cumplimos con todas las pautas de procedimiento que especifica la Ley 3062, donde dice que una vez que están hechas las evaluaciones debemos definir las medidas de protección o excepción que consideremos correspondientes, siempre teniendo en cuenta que lo que se busca es guardar la integridad del niño. Las situaciones de abuso sexual infantil son particulares, cuando nosotros tomamos conocimiento debemos informarlo de forma inmediata al Juzgado de Instrucción, que fue lo que sucedió en este caso”.
También manifestó que no es competencia del área que dirige lo que tiene que ver con el “delito”, sino del Juzgado de Instrucción adonde ya se elevó toda la información, al igual que al Juzgado de Familia, a quien se informó para que tenga el control de legalidad sobre las medidas que se tomaron, y señaló “mientras, continuaremos trabajando en la protección de estos niños que pueden requerir de tratamientos, estudios y todo lo que sea necesario, seguimos acompañando a la familia en todas las situaciones, esta Oficina está llena de abordajes con muchísimas medidas de protección y de excepción y para que esto salga adelante tenemos que comprender, cada una de las instituciones, de que acá se trata de conformar un sistema de ‘protección integral’ es decir, que cada uno desde su institución tiene una responsabilidad para con el niño y debe ser lo más importante”.
En cuanto al seguimiento que se dará desde el área en este caso en particular, explicó: “las variables que uno tiene en cuenta son, educación, salud, psicológica, respetando las indicaciones que hagan los profesionales que están trabajando, acompañar a las familias, además del asesoramiento constante, desde lo legal desde donde surgen un montón de dudas”.
Finalmente explicó que “las medidas de excepción son medidas que rigen por 90 días según lo que establece el Código Civil, nosotros tenemos que acompañar los distintos grupos familiares, se deben renovar las evaluaciones las cuales no quedan estancadas en un expediente, sino que se vuelven a realizar con informes de la psicóloga, la trabajadora social, etc., todas las cuestiones legales se revén y se vuelve a pensar en conjunto cómo continuar y a partir allí se notifica a cada una de las familias”.

(Fuente: La Opinión Austral.)

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