Ocho denuncias pesan sobre la gestión Cantín-Grasso

Desde la iniciada por el Tribunal de Cuentas, hasta las recientes realizadas por el Municipio y por concejales de UPVM, suman ocho las denuncias penales que pesan sobre dicha gestión. Algunas van dirigidas a los ex jefes comunales y otras a funcionarios de su gabinete.

En los tres juzgados de Instrucción hay causas penales iniciadas por el Tribunal de Cuentas, los apoderados legales del Municipio y concejales de la anterior gestión, que denuncian distintos delitos contra el erario comunal por parte de la Administración Pública Municipal, tanto en la gestión de Raúl Cantín como en la de Pablo Grasso.
La primera de ellas es la número 68.321/14, caratulada “Tribunal de Cuentas s/Denuncia”, que se encuentra en el Juzgado de Instrucción Nº 1, Secretaría Nº 1. Cabe recordar que esta denuncia en su momento cobró un fuerte estado público, ya que al contrario de lo actuado en otras auditorías el Tribunal de Cuentas determinó que, por la gravedad de las irregularidades detectadas, no era necesario esperar el informe final y sólo con la presentación preliminar del mismo se debía dar curso a la investigación judicial.
Desde entonces, poco y nada ha sido lo que ha avanzado la causa. A ella se adosó otro expediente, iniciado por los concejales de la UCR de ese momento por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
En tanto, los entonces concejales encabezados por Pablo Fadul también denunciaron a Raúl Cantín, Luis Toledo y José Zavaley, por incumplimiento de funcionario público, administración fraudulenta y fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita (causa 68.448/14), por el incidente que en su momento se produjo en torno a la venta de un terreno ubicado en cercanías del Hospital Regional a un laboratorio privado por una suma que fue calificada de irrisoria y violatoria de la Ley Nacional 26.166, ya que esas tierras habían sido cedidas a la Comuna para la construcción de un hospital pediátrico.

Este año
Las otras cinco denuncias fueron realizadas desde el mes de enero y todas apuntan a la gestión de Pablo Grasso. La primera de ellas (causa 9.896/16) es la única que recayó en el Juzgado Nº 3, Secretaría Nº 1. Fue la realizada el 12 de febrero por la Municipalidad de Río Gallegos contra “el Sr. Pablo Angel Grasso, Roberto Ariel Ivovich, Javier Gastón Forneris y/o quien resulte responsable” por violación de los artículos 248, 256, 259, 261 y cctes. del Código Penal, en perjuicio del erario público municipal.
Esta causa fue iniciada por la “desaparición” de los fondos girados por YPF para la adquisición de dos camiones volcadores por $ 2.547.874,00, los cuales fueron ordenados mediante contratación directa a la firma Fiorasi SA, mediante orden de compra 349/2015 del 23/09/2015.
De acuerdo al expediente, dicha orden de compra nunca fue pagada, pese a que en la cuenta especial abierta para la recepción de los fondos de YPF fue entregada el 9 de diciembre a la nueva gestión con $ 0,09 de saldo y los camiones no habían sido entregados aún a la Comuna por parte de la empresa contratada, “desconociéndose el destino cierto de los fondos, cuyo único objeto era la adquisición de los camiones previstos en la cláusula primera del convenio con YPF”.

Estafa
Pese a que había sido denunciada por el contador Ivovich en conferencia de prensa, junto al entonces intendente Grasso, a poco de haber asumido su gestión en 2015, la denuncia formal por el delito de estafa por la cancelación de impuestos a contribuyentes, cuyo dinero nunca ingresó a las arcas del Municipio, fue realizada por la gestión de Roberto Giubetich el 4 de enero de este año.
La denuncia (causa 59.323/16) es por “defraudación en Perjuicio de la Administración Pública” y apunta a Carlos Barría, quién era el director de Informática del Municipio. La última novedad en esta causa fue el oficio enviado por el Juzgado Nº 2, de la Dra. Valeria López Lestón, por el cual se ordena al Municipio “remita un listado en soporte papel y otro en formato digital de los contribuyentes que realizaron el pago de sus impuestos durante los años 2014/2015 y cuyo dinero no ingresó a las arcas municipales”.
Otra denuncia realizada el 6 de enero de este año fue por el faltante de bienes patrimoniales del Municipio, incluido un vehículo identificado como móvil 125, ya que figuran en los inventarios, pero no se encontraron al momento del cambio de gestión. En esta causa, el 16 de marzo la juez López Lestón libró un oficio solicitando se remita toda la documentación original vinculada a la entrega y recepción de los bienes enumerados en la denuncia y del personal que trabajaba en la Dirección de Coordinación Institucional y en la División Administrativa, como así también todos los datos del vehículo desaparecido.

Incumplimiento
La causa 59.381/2016, que también se tramita en el Juzgado de la Dra. Valeria López Lestón, apunta contra quien era director de Tierras y Catastro de la gestión Grasso, Rodrigo Alvarado y es por incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de denuncia, toda vez que notificado por una empleada, Carmen Levián, de que se habían sustraído del área una serie de documentación que hacía a adjudicación de tierras, proyectos de decretos, estados legales y documentación de expedientes de terrenos otorgados, este nunca realizó la denuncia pertinente.
Sobre Alvarado además pesa la causa 60.148/16, también obrante en el Juzgado de Instrucción Nº 2, que iniciara el Municipio. Este también denuncia al ex secretario de Gobierno, Jorge Cabezas, por la realización de un convenio de compensación de deudas por $ 1.047.021, el cual incluía a modo de pago una adjudicación en venta de un terreno, ubicado en calle Vélez Sarsfield 451 y por 500 mil pesos, a una firma de salud.
Esta adjudicación fue dejada sin efecto por el intendente Giubetich y al ser informada la empresa de ello, en su descargo el apoderado de la misma reconoció que se había solicitado la adquisición de dicho terreno enumerando las razones empresariales y de servicios esgrimidas para ello, pero negó haber firmado un convenio de compensación de deuda alguno (ratificado por Decreto 2.645/15), señalando que “la Municipalidad de Río Gallegos no ha contraído deuda alguna” con la empresa, sino que lo que existía a favor de esta empresa de emergencias médicas era “la acumulación de sumas correspondientes a las cuotas de afiliación abonadas por empleados municipales mediante descuento de recibos de haberes que no han sido transferidos a la fecha a la empresa”.

(Fuente: La Opinión Austral.)