Santa Cruz buscará financiamiento por 10 mil millones de pesos

La gobernadora Alicia Kirchner elevó ayer el proyecto 155/2016 a la Legislatura Provincial. Pide la autorización para gestionar operaciones de crédito para refinanciar “deuda pública”, el “déficit acumulado”, afrontar el financiamiento de obras de infraestructura y de proyectos de desarrollo como así también el funcionamiento del Estado.

Ayer por la tarde el Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados la solicitud de autorización para adquirir un empréstito por hasta 10 mil millones de pesos que, por Constitución Provincial, deberá ser aprobado por los dos tercios de los legisladores, lo que forzará a buscar consensos con la oposición para contar con dichas manos.
En la nota de elevación, firmada por la gobernadora Alicia Kirchner, se señala la necesidad de contar con la autorización para gestionar operaciones de crédito público con o a través del Gobierno Nacional, Entes del sector público nacional, entidades financieras u otras entidades locales o extranjeras, mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos, descuento de certificados de obra o cualquier otra modalidad de financiación que se pudiera encontrar.
Estas operatorias de crédito serían por un monto de hasta 10 mil millones de pesos.
Señala Kirchner que la necesidad de adoptar esta medida “se debe principalmente a los gastos que demandará el desarrollo de todas las acciones inherentes al Estado Provincial destinadas al cumplimiento de funciones tales como las legislativas, judiciales, servicios sociales, entre ellos los servicios de Salud, Educación, Asistencia Social, Producción de Bienes y Servicios significativos para el desarrollo económico y la deuda pública, superarán los recursos provinciales durante el presente ejercicio”.
De esta manera, el Gobierno Provincial está pidiendo se autorice un endeudamiento tendiente a financiar tanto gastos de infraestructura como corrientes.

Deudas
Señala en los fundamentos un detalle de la deuda asumida por la provincia “en el pasado que compromete seriamente la situación financiera presente y futura de la misma”:
• “El FUCO tenía una deuda al 10 de diciembre de 2015 de 1.535 millones de pesos, lo que elimina cualquier margen de maniobra financiera de corto plazo, lo cual significa que gestiones de gobierno anteriores han utilizado los fondos de cuentas del Estado Provincial y nunca repusieron lo utilizado para financiarse”.
• “En el marco del Convenio de Asistencia Financiera, la provincia, se obligó a reintegrar a Nación, el financiamiento recibido durante el año 2015 por 4.439 millones de pesos, los que actualizados a la fecha son 4.450 millones de pesos, comenzando el pago a partir de enero de 2017”.
• “En el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, la provincia, se obligó a reintegrar a Nación la suma de 1.546 millones de pesos recibidos durante el año 2014 y que actualizados a la fecha son 1.597 millones de pesos, comenzando el pago a partir de enero de 2017”.
• “Existen deudas de capital vigentes con diferentes organismos de créditos, tales como los préstamos otorgados por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (F.F.F.I.R) para la construcción del Aeropuerto de El Calafate por la suma de 151 millones de pesos, obras hídricas y de saneamiento, financiadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) por 97 millones de pesos y contrato de mutuo para el financiamiento de la compra de móviles policiales durante el año 2015 por 24 millones de pesos, a través del Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las áreas de Seguridad y Salud (PROFEDESS), todas ellas descontadas todos los meses automáticamente de la Coparticipación Federal”.
• “Deuda tomada con el Banco de la Nación Argentina, que a la fecha es de 259 millones de pesos también con descuento automático sobre la coparticipación federal”.
• “Existen adelantos de regalías hidrocarburíferas ingresadas en ejercicios anteriores cuya devolución operará en el presente ejercicio y en los venideros por la suma de US$ 22.201.401,10 que al tipo de cambio oficial es equivalente a 322 millones de pesos a marzo de 2016. Lo que significa un menor ingreso en concepto de regalías producto de la compensación de los adelantos.
En la cuenta por cobrar, el Gobierno enfatiza que “los municipios tienen una deuda con el Estado Provincial en concepto de Adelanto de Coparticipación de 3 mil millones de pesos, una deuda con la Caja de Previsión Social de 3.500 millones de pesos y de 1.534 millones con la Caja de Servicios Sociales”, al tiempo que reconoce que “la administración central como los organismos descentralizados no presentan balances desde 2008, lo que significa 7 años de demora”.

El proyecto
En el primer artículo de la norma, el Poder Ejecutivo pide autorización y detalla todos los tipos de operaciones crediticias que se podrían explorar para conseguir los 10 mil millones de pesos que requiere. El Art. 2º señala que para garantizar dicho endeudamiento, el Gobierno podría “afectar y/o ceder” los montos a percibir por Coparticipación Federal de Impuestos, regalías hidrocarburíferas y mineras “o cualquier otro tipo de crédito que pudiera generarse mediante cualquier mecanismo”.
En el artículo 4 de la norma, se señala que el monto obtenido con las operatorias crediticias a realizar, se destinará: a) mejorar el perfil de endeudamiento público provincial; b) regularizar atrasos de Tesorería; c) afrontar el pago de sentencias judiciales donde el obligado fuere el Estado Provincial; d) asistir económicamente al sector primario productivo provincial; e) asistir al Estado Provincial en gastos corrientes, de capital y obras públicas.
Cabe señalar en este último punto que, pese a que se afectan regalías y coparticipación nacional que son, a su vez, coparticipables con los municipios, no se establece en los fines del endeudamiento, la asistencia precisamente a las Comunas, las que al día de la fecha, en su gran mayoría, al igual que la provincia, también requieren financiamiento.

Otros proyectos
Ayer también ingresó, girado por el Gobierno, una nueva Ley Impositiva que tiene como finalidad adecuar las alícuotas y tasas de la Ley Impositiva que han ido quedando desfasadas en el tiempo. Señalan que se busca “fortalecer las finanzas del Gobierno Provincial y de los gobiernos municipales, atendiendo los principios de equidad y eficiencia económica, procurando el financiamiento propio y continuo de recursos para el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias”.
También se giró un texto ordenado del Código Fiscal, con la modificación de algunos de sus artículos “con el propósito de perfeccionar su redacción y comprensión, y a la vez la incorporación de artículos nuevos dotando a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos de mayor funcionalidad y practicidad en el devenir cotidiano de su trabajo”.

(Fuente: La Opinión Austral.)