Confían en que la detención de Báez “cese el blindaje judicial” en Santa Cruz

El Ex Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa, apartado de su cargo por el kirchnerismo en 1995, confió en que la detención del empresario Lázaro Báez y las investigaciones en las causas de lavado de dinero “permitan revertir el blindaje judicial que tienen algunas personas en la provincia”. El ex funcionario judicial opinó que se trata de “avances” y de “medidas esperanzadoras para los santacruceños”, aunque también pidió que “no se trate de una nueva desilusión para la gente”.

“Sabemos que la Justicia Federal de este país no genera confianza. De todas maneras deseo que este tipo de causas se investiguen seriamente, con profesionalidad y con eficiencia”, afirmó Sosa en diálogo con Télam.

El ex procurador también consideró que las actuales circunstancias deberían servir para revisar el funcionamiento del Poder Judicial en Santa Cruz.

“Con la cooptación de la Justicia por parte del poder político se fomentó la impunidad y se disciplinó a los jueces y funcionarios judiciales. Una prueba de ello es que no hay ningún integrante del gobierno santacruceño investigado”, señaló.

También consideró que, visto en la perspectiva de los años, la situación del poder judicial en la provincia de la familia Kirchner formó parte de “un sistema más grande y complejo”.

“A mí me expulsaron del Poder Judicial en 1995. Viendo toda la película completa, lo que se buscó fue convalidar un accionar político sin ningún tipo de control”, sostuvo el abogado.

Sosa fue separado del cargo a través de una ley provincial que impulsaron los entonces legisladores provinciales Cristina Kirchner y Carlos Zannini, y que avalaba el entonces gobernador Néstor Kirchner.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenó restituirlo en el puesto, pero la medida nunca se hizo efectiva, e incluso el ex fiscal rechazó la posibilidad de cobrar una indemnización como compensación a los daños y perjuicios ocasionados

“El fallo de la Corte nunca se cumplió. Y cuando los jueces se dieron cuenta que no se obedecía la sentencia, le dieron participación al Congreso y hasta se advirtió sobre el inicio de una causa penal.

Yo les agradecí por reconocerme el derecho que tenía, pero lo cierto es que nunca fui restituido”, recordó Sosa.

Según mencionó, cuando fue apartado de sus funciones en la justicia santacruceña, supervisaba investigaciones sobre “el otorgamiento de créditos dudosos a través del Banco de Santa Cruz, y honorarios que percibían algunos abogados por juicios de regalías mal liquidadas por la Nación, entre otros temas”.

(Fuente: Télam.)