Giubetich declaró Estado de Emergencia económica, financiera, administrativa y patrimonial

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El mandatario instrumentó Decreto ad referéndum HCD para recomponer, restaurar y optimizar el recurso municipal.
El intendente de la ciudad Ing. Roberto Giubetich dio detalles hoy sobre la situación económica financiera, cuyo estado fue verificado luego de asumir la gestión.
El mandatario llegó pasadas las 18 horas al teatro “Héctor Marinero” con los secretarios de Gobierno Jorge Cruz, el titular de Hacienda Marcelo Fadul, de la cartera de Obras Públicas y Urbanismo, Rubén Campagnucci y secretario de Desarrollo Comunitario, Adriel Ramos. El jefe comunal estuvo acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Roquel y el diputado nacional, Lic. Héctor Roquel.
Antes de dar detalle del Decreto el mandatario puntualizó las causas que obligan a la actual gestión a tomar una decisión de estas características con el único objetivo de recomponer y optimizar los recursos de la Municipalidad de Río Gallegos.
“La comuna –manifestó Giubetich- sufrió los últimos 4 años, 3 años y medio una gestión ausente que comprometió seriamente los destinos de la ciudad, destruyendo el patrimonio municipal, mal gastando el dinero de los riogalleguenses y endeudando al municipio. Además casi 5 meses de un gobierno interino que se encargó de realizar obras públicas con dinero que no contaba – endeudando aun más al municipio-, contrató personal en forma irregular, y terminó de quebrantar la situación económico financiera de Rio Gallegos”.
La actual gestión, con Roberto Giubetich como intendente, encontró un municipio con serios problemas en los aspectos económico y financiero; un desorden administrativo de grandes proporciones, un listado de bienes patrimoniales que, a primera vista, tiene gran cantidad de faltantes y un sobredimensionamiento de la planta de personal municipal que no permite hacer frente al pago de haberes sin la ayuda económica del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.
La situación económica, financiera, administrativa y patrimonial
“Los números hablar por sí solos –resaltó el intendente- y permiten saber a ciencia cierta la situación que exhibe la municipalidad. Existen evidentes irregularidades en materia de administración de los recursos humanos. Hay personas que invocan su condición de empleado municipal sin el correspondiente instrumento legal”.
“Personal contratado –prosiguió Giubetich- sin los requisitos exigidos por la legislación vigente; personal irregularmente incorporado en planta transitoria o permanente por no cumplir con las exigencias establecidas en la normativa vigente; y recategorizaciones otorgadas sin respetar el Estatuto Municipal”.
El intendente manifestó que: “Se encontró con un desorden administrativo generalizado con falta de registros contables legales y actualizados que no permite establecer con razonable certeza el estado de deuda total de la administración municipal”.
No obstante, Giubetich expuso un relevamiento provisorio que permitió estimar ese estado: “El monto adeudado en concepto de aportes y contribuciones a la Caja de Previsión Social representa una suma aproximada de novecientos millones de pesos ($ 900.000.000) y a la Caja de Servicios Sociales la de trescientos cincuenta millones de pesos ($ 350.000.000) aproximadamente. La municipalidad debe a la ART cerca de diez millones de pesos ($ 10.000.000), y al ISPRO, en concepto de seguro obligatorio, once millones de pesos (11.000.000)”.
En otro tramo de sus declaraciones el intendente de Río Gallegos indicó que: “La deuda estimada con el personal municipal que se encuentra pendiente de pago (cuentas judiciales, horas extras, retroactivos en concepto de actualización de asignaciones familiares, liquidaciones finales, viáticos y prestaciones personales) asciende aproximadamente a catorce millones de pesos ($ 14.000.000)”, “Las obligaciones derivadas de fondos retenidos al personal con la respectiva autorización para afrontar compromisos, representan una suma de veintisiete millones de pesos ($ 27.000.000). Existen compromisos asumidos con proveedores por más de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), que en varios casos no cuenta con la documentación respaldatoria” remarcó Giubetich.
Sobre la masa salarial Giubetich expuso que: “En el mes de noviembre de 2015 ascendió a la suma de ciento dos millones de pesos ($102.000.000,00), mientras que los ingresos de jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal en concepto de coparticipación, regalías e ingresos propios suman un total aproximado sesenta y un millones de pesos ($ 61.000.000,00), lo que demuestra a las claras la irresponsabilidad de los últimos 4 años de gobierno, que incrementó considerablemente el gasto en personal”.
“La municipalidad de Río Gallegos –aseguró el jefe comunal- ha sufrido una gestión que no respetó los controles mínimos que en materia de administración pública, tales como ejecuciones presupuestarias y conciliaciones bancarias; lo que impide efectuar un adecuado control sobre el destino dado a los aportes y/o convenios con fines específicos suscriptos con el Estado Nacional y Provincial”.
“Una mención especial merecen los procedimientos de contratación de bienes y servicios por parte de la comuna en los últimos años; como así también evidentes incumplimientos en los procedimientos de contratación de obras públicas e incongruencias en los respectivos certificados de avance de las mismas”.
El intendente hizo referencia al tema de Tierras señalando que: “Se entregaron tierras fiscales sin los recaudos legales de práctica y en muchos casos con evidente perjuicio al patrimonio municipal”.
“El listado de bienes que conforman el patrimonio municipal entregado por la gestión saliente, comparado con el recibido por la actual gestión, tiene grandes diferencias y serios inconvenientes. El parque automotor se encuentra en un manifiesto estado de deterioro, sumado a la falta de vehículos retenidos por proveedores debido a la falta de pago. Esto impide garantizar la prestación razonable y continua de los servicios básicos”, sostuvo el jefe comunal.
Cabe señalar que en el acto de traspaso celebrado el día 9 de diciembre, las autoridades salientes no cumplieron con la expresa normativa establecida por la Acordada Nro. 54/62 del Honorable Tribunal de Cuentas (libros banco, conciliaciones, extractos bancarios, ejecuciones presupuestarias actualizadas, estado de deuda conciliado, etc.), para asegurar un elemental contralor de las condiciones de entrega de todo lo concerniente al patrimonio municipal. Resulta pues indispensable solicitar que dicho órgano administrativo efectúe una auditoría integral propia del ámbito de su competencia.
El decreto 2072
La gestión de Pablo Grasso dictó el Decreto 2072 de fecha el 12 de agosto de 2015, admitiendo expresamente “…la necesidad de enfrentar la crisis económica, financiera y administrativa, que repercute en la imposibilidad de siquiera poder cubrir en tiempo propio, con la obligación de pago de haberes a sus empleados, incumpliendo el Estado Municipal en su responsabilidad y finalidad intrínseca; debiendo este Departamento Ejecutivo encarar sin dilación alguna las acciones responsables conducentes a contener el gasto y optimizar los recursos de modo de obtener una respuesta efectiva frente a la especial coyuntura económica que atraviesa el municipio…”; y estableciendo, entre otras medidas, la “SUSPENSION DE DESIGNACION…” de personal; la “RESTRICCION DE HORAS EXTRAS” del personal de todas las dependencias; la “RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS IRREGULARES”, prohibiendo el ingreso de personal bajo cualquier circunstancia no prevista en las excepciones establecidas; la “NULIDAD”, de los actos que contravengan las disposiciones de ese decreto; la restricción de “ADQUISICION BIENES DE CAPITAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; la prohibición de locación de inmuebles, la “SUSPENSION DE SUBSIDIOS”, etc..
“Pese haber reconocido la crisis y haber ordenado la restricción de gastos, la gestión anterior llevó a cabo actos contradictorios a la norma agravando la situación estructural de la comuna” consignó Giubetich.
Un decreto para recomponer, restaurar y optimizar los recursos municipales
La situación descripta reviste una innegable gravedad, que obliga al Departamento Ejecutivo a decretar una medida que busca sanear un municipio que hereda graves problemas. La medida, según remarcó el intendente, tiene como objetivo “transparentar y poner en conocimiento a los vecinos sobre el problema real que debe enfrentar el gobierno”.
Ante la situación, el jefe comunal Roberto Giubetich y su equipo de trabajo decidió decretar:
ARTICULO 1º DECLARASE el estado de emergencia municipal: en los aspectos económico, financiero, administrativo y patrimonial. Fíjase el plazo de esta declaración en ciento ochenta días (180) a partir de la fecha de este instrumento, prorrogable por acto de este Departamento Ejecutivo por igual plazo.
ARTICULO 2º SUSPENDANSE por el plazo de duración de la emergencia los subsidios, las subvenciones y todo otro compromiso del mismo carácter que directa o indirectamente afecte los recursos del Tesoro Municipal.
ARTICULO 3º ESTABLECESE un régimen de compensación al efecto de verificar, reconocer y conciliar el monto de las acreencias y deudas de particulares con el Municipio, cualquiera sea su naturaleza jurídica al 10 de diciembre de 2015.
ARTICULO 4º FACULTASE a la Secretaria de Hacienda a instrumentar la apertura de un Registro de Acreedores del Municipio, en el que los particulares que posean acreencias con el Municipio, solicitarán su inclusión presentando los títulos respectivos en el plazo que la reglamentación establecerá. Asimismo dictará las normas que regulen su funcionamiento del sistema, fijará los plazos y los requisitos, recabará toda información sobre la existencia de deudas de aquellos particulares inscriptos en el registro para con el Municipio, debiendo dentro de los 60 (sesenta) días subsiguientes al vencimiento del plazo establecido en la reglamentación, proceder al reconocimiento de la deuda que en definitiva resultare producida de la respectiva conciliación.
ARTICULO 5º A LOS FINES de la cancelación de los montos resultantes podrán proponerse o incluirse acuerdos y efectuarse transacciones, establecer modificaciones o plazos para su cancelación, proponiendo y aceptando refinanciaciones y novaciones de deuda determinada, propendiendo en todos los casos el saneamiento tanto el Municipio como del sector privado y declarando como paso previo a cualquier acción la inmediata compensación de pleno derecho de deudas y acreencias recíprocas líquidas y exigibles entre particulares y el Municipio. De contarse con la conformidad expresa de quien resulte acreedor particular, la Secretaria de Hacienda podrá emitir constancias que acrediten la recepción de los montos a cuenta de ejercicios fiscales no vencidos.
ARTICULO 6º CON RELACION a las deudas que el Municipio pueda mantener con sus agentes originadas en la relación de empleo, quedarán sujetos a un régimen de verificación, reconocimiento y cancelación especial.
ARTICULO 7º DECLARANSE sujetos a revisión y/o refinanciación, todos los contratos y convenios con los proveedores de bienes y servicios, obras o servicios públicos del estado municipal en cuanto a montos, volúmenes de provisión, plazo de ejecución, condiciones de financiamiento y aspectos técnicos, a fin de adecuarlos a las reales posibilidades del erario municipal, dentro del marco normativo vigente.
ARTICULO 8º SOMETANSE a verificación la totalidad de las obras públicas ejecutadas, en ejecución, y a ejecutarse, derivadas del compromiso asumido por la anterior gestión en el marco de los convenios con el Estado Provincial y/o Nacional, que comprometan u obliguen al erario municipal más allá de las disponibilidades presupuestarias y financieras reales del Municipio.
ARTICULO 9º LA Secretaria de Obras Públicas y Urbanismo tendrá a través de las áreas de su competencia la misión de identificar con suficiente detalle de cada unidad de obra, confeccionando un legajo técnico que contendrá los costos respectivos por todo concepto. El mismo será remitido en un plazo de noventa días a este Departamento Ejecutivo.
ARTICULO 10º SOMETASE a un proceso de auditoría y validación de los saldos deudores informados por la dirección de recaudaciones al 10 de diciembre de 2015, cualesquier sea su naturaleza jurídica y que hayan afectado el erario municipal.
ARTICULO 11º FACULTASE a la Secretaria de Hacienda a instruir a las dependencias municipales, las restricciones de gastos, adecuándolos a las disponibilidades financieras y presupuestarias que el erario municipal pueda afrontar como consecuencia de este estado de emergencia-
ARTICULO 12º ESTABLECESE un control especial del Patrimonio Municipal desde el 10 de diciembre de 2011. A tal efecto deberá verificarse la totalidad de las órdenes de compra a cargo del erario municipal y su correspondencia a los bienes entregados al 10 de diciembre de 2015.
ARTICULO 13º SUSPENDASE la entrega de tierras fiscales a cualquier título que sea de existencia física o ideal durante la vigencia de este instrumento.
ARTICULO 14º DISPONESE la revisión de las adjudicaciones de tierras fiscales efectuadas dentro de los últimos 180 días contados a partir de la fecha.
ARTICULO 15º.ORDENASE a la Secretaria de Gobierno la realización de un Relevamiento de Personal que preste funciones en el Estado Municipal, indicando el lugar donde fue designado, dependencia donde realmente presta servicio y su función específica.
ARTICULO 16° AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a disponer las reestructuraciones funcionales del personal municipal, traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de horarios, y toda otra medida que juzgue conveniente, para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos municipales y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado Municipal y afrontar la crisis económica imperante.-
ARTICULO 17º INSTRUYASE a la Dirección General de Asuntos Legales para que proceda a demandar por daños y perjuicios a los funcionarios que hayan, por acción u omisión, comprometido patrimonialmente a la Hacienda Pública Municipal, autorizando gastos sin recursos correspondientes o que teniendo a su cargo la custodia de bienes patrimoniales no los hayan protegido y velado por el interés de la comunidad, dando traslado las actuaciones respectivas al Tribunal de Cuentas de la Provincia y/o denunciando penalmente en caso de que se presuma estar presencia de un delito.
ARTICULO 18 REMÍTASE copia del presente instrumento a la Universidad de la Patagonia Austral, Universidad Tecnológica Nacional, Asociación de Abogados de Rio Gallegos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia, Consejo Profesional de Arquitectura Ingeniería y Agrimensura CPAIA, solicitándoles, en la medida de sus posibilidades, arbitren los medios a su alcance para contar con la colaboración profesional -en las respectivas materias de su incumbencia- para el análisis del cuadro de emergencia municipal y el abordaje de los proyectos que posibiliten las mejores soluciones.
ARTICULO 19 COMUNICASE al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, Honorable Cámara de Diputados, Ministerio de Economía y Obras Públicas, Honorable Concejo Deliberante y al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

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