Disconformidad ante la cancelación de turnos y tratamientos de Hemodiálisis

RECHAZA MEDIDA DE FUERZA EN HRRG

La Secretaría de Derechos Humanos, dio a conocer su rechazo a la medida adoptada por profesionales del sector, indicando que sí bien la huelga es un derecho constitucional, se deben garantizar guardias mínimas para la atención de los pacientes que así lo requieran o necesiten. 

Ante los reclamos de vecinos y familiares raíz de las medidas de fuerza, adoptadas por los profesionales, dieron como resultado la cancelación de los tratamientos de hemodiálisis en el Hospital Regional; el Equipo Técnico de la Secretaría de Estado  de los Derechos Humanos afirma que  “el derecho a la salud implica que deben crear las condiciones necesarias que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible y por esta razón, las condiciones incluyen el otorgar la disponibilidad garantizada de servicios de salud al igual que el generar condiciones de trabajo saludables y seguros como también, el derecho de tener una  vivienda adecuada y alimentos nutritivos”.

Por otra parte también afirman que “el derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano ya que el mismo; es un derecho consagrado en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos y que están plasmados en las constituciones de los países en el mundo entero, ya que sin duda resulta ser  un derecho irrefutable que debe respetarse en  cualquier circunstancia”.

La salud es un derecho indelegable

Más adelante, y a raíz de las consecuencias y los daños ocasionados a los pacientes, en esta oportunidad, desde esta Secretaria de Estado de Derechos Humanos, “repudiamos la medida de fuerza tomada por los profesionales del servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional Río Gallegos para el día 22 de abril del corriente año; así como también,  cualquier medida de fuerza que se realice en el Hospital Público, cuando en definitiva el derecho a la Salud de los habitantes se vea perjudicado “.

En este contexto los funcionarios del organismo consideran que igualmente los implicados en esta situación “deberían tomar los recaudos pertinentes para que se garanticen las guardias mínimas necesarias para no privar a los usuarios del servicio  y los tratamientos”.

Para finalizar, el Secretario de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, Humberto Quiñonez expreso que “si bien el derecho de huelga está garantizado como un derecho con raigambre constitucional al igual que también,  el derecho a acceder a los servicio de salud y educación, en ningún caso pueden ser contrastados ni subordinados orientados hacia intereses sectoriales que ponen en riesgo la integridad y salud de los pacientes”.

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