El Partido Obrero opinó sobre la Ley de Lemas

Ley de Lemas: Una estafa que enamora.

Cada vez que el debate sobre la Ley de Lemas cobra vigencia, el radicalismo busca instalar la necesidad de usarla para llegar al poder y desde allí acabar con ella. La historia política de Santa Cruz se ha encargado de desmentirlos.

El 15 de Noviembre de 2007, el Concejo Deliberante de Río Gallegos sancionó el proyecto de ordenanza 5341 que establecía la necesidad del dictado de la Carta Orgánica en el ámbito municipal.

El proyecto fue aprobado con el voto, entre otros, del por entonces concejal Raúl Cantin, para ser promulgada como ordenanza el 05 de Diciembre del 2007 y rubricada por “Pirincho” Roquel, quien entraba en su segundo mandato como intendente, el 03 de junio de 2008.

Luego de varios años de la gestión Roquel para concretar la estatuyente, que dictaría la Carta Orgánica y abriría la puerta para acabar con la Ley de Lemas, no pasó nada.

El intendente marcho a la cámara de Diputados para hacer trinchera desde su banca, atacando la Ley que lo llevó durante dos mandatos a la intendencia de Río Gallegos, pero que no quiso enfrentar cuando tuvo el poder y la posibilidad de hacerlo.

Un poco más tarde, durante la campaña electoral de 2011, Raúl Cantín, candidato a intendente por el kirchnerismo, prometió a la poblaciónir contra la Ley de Lemas si llegaba a la intendencia. Prometía llevar adelante la estatuyente que Roquel dejó en el camino.

Sin embargo, no solo no lo hizo sino que dio una voltereta en el aire y tan rápido como Peralta pero con menor repercusión, se enamoró de la Ley de Lemas.

Todos llegan al poder despotricando contra la Ley de Lemas, porque el pueblo ya no acepta que se le robe el voto, pero con el poder de eliminarla en las manos, recuerdan que llegaron a ese lugar gracias a ella que como el canto de las sirenas los enamora.

De no ser por la Ley de Lemas podrían perder mucho poder y eso significaría para más de uno perder sus privilegios, sus negociados y hasta su libertad, si se investigan a fondo las denuncias de irregularidades en los municipios.