Ferreiro subrayó que Santa Cruz continuará con el proceso administrativo

IESC ANTONIO FERREIRO (6)

Cristóbal López presentó un escrito a la justicia Santacruceña desistiendo de la posibilidad de ampliar la medida cautelar que le impedía a la provincia caducar las áreas de Gran Bajo Oriental y Sierra España. Al respecto, el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro, opinó que con esta acción el empresario le está dando la razón a los reclamos del Estado provincial, y aseguró que se continuará adelante con el procedimiento administrativo que permita darle la mejor solución al conflicto.

En este contexto, el tituIar del Instituto de Energía resumió que “la empresa desistió de la petición de una nueva medida cautelar, lo que nos lleva a la situación inicial cuando, a través de cartas documentos, empezamos a hacerle los reclamos por las inversiones que debía hacer en las áreas del Gran Bajo Oriental y en Sierra España, ubicadas al norte de Santa Cruz, en las inmediaciones de la localidad de Caleta Olivia”.

De esta manera, recordó que “en nuestros registros teníamos que en la primera de las áreas mencionadas se había hecho una inversión menor a la que estaba establecida en su primer período de exploración, en tanto, en la segunda, no habían hecho ningún tipo de inversión. Por ello, nosotros le enviamos una carta documento donde informábamos que íbamos a aplicarle todas las generales de la ley si no se cumplía con la norma, acciones que podían llegar a la caducidad de las áreas”.

“Ante esta situación –continúo- la empresa fue a la justicia, la justicia hizo un juicio sumarísimo e impuso una medida cautelar, exclusivamente, sobre la caducidad del permiso de exploración que, en definitiva, nos impedía llegar a esa instancia. Nosotros seguimos con otros procesos administrativos hasta encontrarnos ahora con un retorno a la primera instancia administrativa”.

“Es muy importante para el Instituto de Energía que ellos hayan desistido porque eso demuestra que el reclamo que nosotros habíamos realizado era procedente” enfatizó, al tiempo que destacó que “ahora sigue el proceso administrativo que puede definirse por dos vías, una de ellas, la caducidad de los permisos, o bien, arribar a un acuerdo de partes si ellos pagan lo que tienen que pagar, se allanan a las inversiones y establecen un plan de inversiones que nosotros podamos aceptar porque es conveniente para la provincia”.

Ya perdimos dos años –consideró finalmente- así que no queremos perder más tiempo y después de una reunión con el equipo legal de la entidad, donde vamos a resolver los pasos a seguir de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, y en función de eso vamos a trabajar lo más rápido posible para resolver esta situación».

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